Indulgencias con avemarías prestadas
Roberto Barbery Anaya*

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Lo primero que se debe advertir en la desgastada propuesta gubernamental de replantear un ´diálogo´ es que la iniciativa no parte de una convicción democrática, sino de una necesidad política. No se trata de profesión de fe, sino del reconocimiento práctico de un escenario que se presenta desfavorable para el accionar unilateral y arbitrario del oficialismo.

En efecto. El Gobierno ya no puede avanzar más, ni siquiera irregularmente, sin menoscabar el poco resto de institucionalidad que aún queda. La Corte Nacional Electoral marcó el límite del abuso. El oficialismo no puede llevar adelante sus referendos convocados ilegalmente, porque no tiene instrumento para implementarlos. Y no puede detener los referendos departamentales porque ni siquiera hay un Tribunal Constitucional en condiciones de revisar las decisiones de las cortes departamentales electorales, que mientras tanto gozan de la presunción legal de constitucionalidad... un escenario de imposibilidad práctica, en el que amanece cercado por sus propias arbitrariedades.

Y como la necesidad tiene cara de hereje, hasta invoca la mediación de la Iglesia Católica, sin descartar inclusive la participación de veedores internacionales… un reflejo patético de su desazón, y también de la crisis de confianza que ha generado.

El oficialismo ya no está en condiciones morales ni legales de convocar por enésima vez a dialogar para actuar tras bastidores. Ahora tiene que buscar auspicios divinos y aceptar condiciones democráticas —y la figura más deteriorada en la crisis de confianza es la del Vicepresidente de la República, que ya no tiene autoridad moral para auspiciar ningún diálogo ni para coordinar ningún proceso de concertación aun en el Parlamento…

No se trata, pues, de convicción. Se trata de necesidad. De ganar indulgencias con avemarías prestadas. Y, en ese ámbito de competencia religiosa, el rol de la Iglesia Católica debe ser consecuente, evitando caer ingenuamente en manipulaciones farisaicas.

Para no convertirse de buena fe en instrumento político del Gobierno, la Iglesia Católica tendría que forjar con carácter previo al diálogo condiciones democráticas, que suponen dejar de lado las situaciones que se han creado de forma unilateral y arbitraria, a saber: el Proyecto de Constitución del MAS y la conculcación de recursos del IDH a las prefecturas.

Otra actitud supondría cabalgar sobre lo obrado, avalando implícitamente las irregularidades, con lo cual no tendría sentido impulsar un proceso democrático de concertación...

Difícil rol, ciertamente. Desde hace dos mil años, ya que no de quinientos. Lidiar con sepulcros blanqueados…

*Roberto Barbery Anaya
es analista político.