Indefiniciones en materia minera
Dionisio J. Garzón M.*

Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

Como nunca antes, el sector minero del país se debate entre la incertidumbre derivada de la indefinición política y la amenaza, cada vez más abierta de comunidades, pueblos originarios, corporaciones y hasta cooperativas, a las pocas operaciones mineras en curso.

El anuncio reciente de autoridades del sector de dejar la definición de las modificaciones al Código de Minería para después de la aprobación del proyecto constitucional (si llega a darse), aumenta la incertidumbre y las controversias entre operadores y actores sociales. Tendrá como consecuencia, sin duda, la paralización paulatina de muchas operaciones mineras y, de manera particular, anulará la generación de nuevos proyectos.

Con el precio de la onza de oro rondando los cuatro dígitos (1.000 dólares), con el estaño rumbo a los nueve dólares por libra fina, la plata sobre los $us 20 por onza y el zinc en un estable promedio de $us 1,20 por libra (para hablar de los cuatro productos minerales principales del país); con un nivel de reservas minerales muy bajo o casi inexistente en la mayoría de las operaciones mineras tradicionales y con un portafolio de proyectos importantes que se pueden contar con los dedos de la mano, queremos darnos el lujo de dejar para las ´calendas griegas´ la definición de la ley mayor de la minería.

Ya hemos perdido el ciclo actual de buenos precios por este tipo de dilaciones. El próximo que se dará la siguiente década —de mantenerse la tendencia histórica— nos encontrará tal vez discutiendo los mismos temas y volveremos a perder el tren de la oportunidad.

Las minas San Cristóbal y San Bartolomé, proyectos estrella, productos del neoliberalismo, son como los buenos precios actuales perecederos; ¿qué después?

La Ley 3787 y el Decreto Supremo 29117 ya han definido lo básico de lo que se viene, el proyecto de Constitución también define como actores principales del régimen minero por nacer al Estado, a través de la Corporación Minera de Bolivia, y a las comunidades y pueblos originarios. Al margen de las consideraciones que se puedan hacer sobre el tema, lo realmente importante es saber cómo se operará el cambio y si éste funcionará más allá de la retórica y del discurso. Esto del cómo, no dependerá del texto constitucional que se imponga sino del mensaje implícito que las nuevas reglas tengan para los potenciales inversionistas y/o empresarios mineros que quieran compartir con el Estado esta aventura.

En un mundo industrial altamente competitivo, Bolivia se ha dado el lujo de vivir en ´crisis minera´ constante desde 1952, con un comportamiento pendular de políticas mineras unas veces ultraliberales, otras altamente conservadoras y estatistas a ultranza. El resultado: de ser un país minero reconocido a nivel mundial, hoy somos un país cuya minería sólo se considera a nivel anecdótico. Soy un convencido de que una política minera de largo alcance, es el único camino para revertir esta situación. El marco constitucional únicamente define actores, operadores y beneficiarios, pero lo que factibiliza una política son los recursos minerales y su relación con el mercado de consumo. Los recursos minerales hay que desarrollarlos, no tienen ningún significado soterrados en la profundidad de las montañas; que esta tarea la haga el Estado o los particulares dependerá de la visión política circunstancial y de las capacidades específicas en cada caso. El mercado de consumo, por otro lado, no discrimina afinidades políticas con productores, sino su competitividad frente a otros productores.

No tiene sentido dejar de avanzar. Si no desarrollamos nuevas áreas de reservas minerales y nuevos emprendimientos de exploración y desarrollo del potencial mineralógico del país, más temprano que tarde tendremos problemas de materia prima para los pocos complejos metalúrgicos del país.

Actualmente, la Fundición de Vinto trabaja a la mitad de su capacidad instalada y el Complejo de Karachipampa, ya entregado a Atlas Precious Metals, tendrá problemas también (¿sabemos quién entregará concentrados de zinc, plomo, plata a este complejo?). Con una producción minera estancada por décadas, con tan pocos proyectos nuevos y una infraestructura vial y de servicios reducida, en un país sin acceso directo a los mercados de ultramar, no podemos darnos el lujo de más dilaciones.

En un mundo industrial altamente competitivo, Bolivia se ha dado el lujo de vivir en ´crisis minera´ constante desde 1952.

*Dionisio J. Garzón M.
es ex ministro de Minería y Metalurgia.