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En una carta enviada el 3 de marzo a Florentín Meléndez, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, la ANP denuncia “las limitaciones a la libertad de expresión contenidas en la nueva CPE”, aprobada en Oruro y “que será llevada a un referéndum, para su aprobación, sin revisión”.

En la misiva enviada a la OEA se lee que el inciso II del artículo 108 de la nueva CPE, “cuyo proceso de aprobación es también severamente cuestionado por diversos sectores nacionales, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, el principal organismo judicial del país, establece que: ‘La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad’”.

La ANP recuerda que de esta manera se vulneran normas de aplicación universal e internacional como la Declaración de los Derechos Humanos, que establece que todo individuo tiene libertad de opinión y de expresión; además del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión; y los principios 1 y 7 de la Declaración Interamericana sobre la Libertad de Expresión, que establecen que ésta es un derecho de las personas.

“Por ello solicitamos que la Comisión, a través de la Relatoría sobre la Libertad de Expresión, emita un informe sobre la denuncia que presentamos, en base a los documentos citados, para que sirva de respaldo a la lucha en defensa de la libertad de expresión que estamos librando por principio estatutario y por convicción”, se lee en la misiva.

Según la ANP, el inciso II de la nueva CPE, de ser aprobado, puede ser utilizado “irresponsablemente por alguna autoridad para procesar judicialmente a cualquier ciudadano, de quien se considere que su opinión es falsa o irresponsable y que con ella ha violado la Carta Magna del país”.