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Para ello, el IBCE unió fuerzas con entidades como el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (Ibnorca), Unicef y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con las cuales redactará una propuesta de ley, que será presentada en seis meses.

Según Ernesto Antelo López, presidente del IBCE, la iniciativa surge del sector privado en base a experiencias similares en países desarrollados donde “no se aceptan (para la venta) productos en cuya fabricación haya intervenido la mano de obra infantil”.

Agregó que el trabajo a realizarse prevé la posible imposición de certificaciones extranjeras a productos bolivianos y eliminar, o en su defecto reducir, el número de niños trabajadores en Bolivia en la cadena productiva.