El tratado de Paz y Amistad entre Bolivia y Chile fue firmado el 20 de octubre de 1904, 25 años después de la captura chilena de la costa marítima boliviana en la Guerra del Pacífico, entre el plenipotenciario de Bolivia, Alberto Gutiérrez, y el canciller de Chile, Emilio Bello Codecido.
Por su efecto, Bolivia reconoció el dominio absoluto y perpetuo de Chile sobre los territorios ocupados. Chile, a cambio, se comprometió a construir un ferrocarril entre Arica y La Paz, además de cubrir las garantías hasta un cinco por ciento sobre el capital invertido por Bolivia en varias líneas de ferrocarriles dentro de territorio boliviano y el pago de 300.000 libras esterlinas. También reconoció con carácter de perpetuidad el libre derecho de tránsito de Bolivia por su territorio y sus puertos, se menciona en Historia de Bolivia, de José y Carlos Mesa y Teresa Gisbert.
¿Fue una especie de renuncia adelantada a la aspiración maríti ma boliviana?
Una solución inmediata —a nombre del progreso y desarrollo liberales—, basada en que “los derechos nacen de la victoria“, como se encargó de recordarlo el embajador chileno en La Paz, Abraham Koning, en una torpe carta enviada al canciller boliviano, Heliodoro Villazón, el 13 de agosto de 1900.
Para muchos, entre ellos el historiador nacional Fernando Cajías, fue una falta de visión a largo plazo de los gobiernos de entonces, ya que el tratado engendra el enclaustramiento marítimo.
Lo que no significa que sea un tema cerrado, al contrario es un conflicto pendiente que ya no incumbe sólo a Bolivia y a Chile, sino que interesa a toda el área andina y la región. Así lo han hecho conocer en distintos tiempos y variados tonos los mandatarios de esta parte del continente.
¿Qué camino debe seguir la resolución de este conflicto?
Son varias las opciones. Algunos historiadores proponen su revisión, no sólo por el bien de la unidad regional, sino también por su complementariedad económica. Y en caso de revisarse, ¿qué se debe considerar o reconsiderar? Una posible salida es la soberanía compartida, como el caso peruano-ecuatoriano.
Otros historiadores plantean ir más allá de una solución juridicista y abordar el tema como un problema político e histórico. Entre tanto, lo que debe hacerse —dicen otros— es demandar, por parte de Bolivia, el cumplimiento del tratado, muchos de cuyos puntos no se han puesto en práctica, en especial aquellos que favorecen al país.
El tratado fue una solución basada en que “los derechos nacen de la victoria“, como dijo el embajador de Chile en La Paz, A. Koning.