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Para el efecto, el Ejecutivo aprobó el sábado el Decreto Supremo 29483 que establece la participación de los militares y policías en tareas de control con la facultad de obligar al transportista que esté sacando los productos a retornar los mismos para su venta en la ciudad principal, ciudad intermedia o comunidad más cercana de donde hayan sido encontrados, según informó la gubernamental ABI.

En la misma disposición legal se modifica el artículo 10 del Decreto Supremo 29460, de 27 de febrero del 2008, en sentido de que las personas cuya conducta se adecúe al tipo penal de agio, serán remitidas al Ministerio Público para su correspondiente procesamiento.