Prevención y rehabilitación
José Luis Bedregal*

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El consumo de drogas en Bolivia se ha ido incrementando de manera sostenida en los últimos veinte años, ante la apacible mirada de la sociedad y los gobiernos de turno. Más allá de las disímiles cifras mostradas por fuentes oficiales y organismos no gubernamentales, sobre todo respecto al consumo de cocaína, queda en evidencia la cada vez mayor presencia de consumidores y vendedores de droga en ciudades grandes y pequeñas, llegando a los mismos entornos de las escuelas y colegios, y revelando que las drogas no tienen clases sociales.

Bolivia, durante muchos años, manejó este tema como política de Estado, debido a poderosos compromisos contraídos a nivel internacional; sin embargo, por la falta de visión estratégica, la política antidrogas se ha convertido en un fin en sí misma, dejando de lado su único objetivo: proteger a la sociedad. A esto se suma el creciente desmoronamiento institucional del Estado que pone en jaque a toda la política antinarcóticos, pero sobre todo la

prevención y rehabilitación, abandonadas desde el principio de la implementación de la antigua estrategia nacional de lucha contra las drogas, pues a pesar de ser uno de sus pilares, nunca contó con los recursos necesarios para su implementación.

En la actual gestión, la prevención del consumo de drogas, a cargo de una unidad sin recursos en la Dirección Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud, sigue siendo un tema no priorizado por el Gobierno. Ésta ni siquiera es mencionada entre los objetivos sociales del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del MAS, hecho que refleja la realidad de la prevención en Bolivia.

La suerte de la rehabilitación es aún peor, pues no existen centros de referencia ni políticas de atención a las víctimas de este flagelo, quedando en manos de instituciones privadas la prestación de este servicio con una mínima participación estatal.

La prevención y la rehabilitación no sólo requieren una visión política, sino además una coordinación de alto nivel técnico que, además de hacer compatibles los programas de los distintos ministerios —lo que podría evitar duplicidades en la acción, ineficiente uso de recursos, espacios vacíos en la acción pública—, debería articular las políticas de salud, promoción del deporte, seguridad ciudadana y por supuesto educación. Esta es la tarea del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid), cuya Secretaría, instalada en el Ministerio de Relaciones Exteriores, no ha demostrado capacidad para afrontar esta tarea, pues el tema sigue siendo atendido de manera aislada por distintas esferas como la FELCN (¿?), que realiza algunas acciones en esta área; el Ministerio de Salud, que tiene a la prevención como una de sus últimas prioridades; y, finalmente, la Secretaría del Conaltid, que aprovecha recursos para efectuar estudios que hasta la fecha han sido de nulo impacto.

Estamos a tiempo de crear condiciones que protejan de las drogas a las nuevas generaciones, por lo que la comunidad debe reclamar políticas serias en este campo como en el de la rehabilitación de drogodependientes, pues cleferos, cocainómanos, alcohólicos o dependientes de otras drogas, deben ser asistidos por la sociedad y por tanto por el Estado. La indiferencia social sólo hará de nosotros un pueblo con menos valores y más degradación.

*José Luis Bedregal V.
es especialista en Gestión Pública.