De 55 postulantes a cargos en el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General de la República, sólo cuatro sobrepasaron el 50 por ciento de la calificación meritocrática. Ninguno de ellos alcanzó los 430 puntos de esta fase.
El diputado Jorge Silva (MAS), miembro de la subcomisión de revisión de los expedientes, informó que ayer en la noche concluyó la fase de calificación y que "ningún candidato alcanzó el puntaje máximo de 430 puntos".
En el caso de los 23 postulantes a Fiscal General, ninguno alcanzó el 50 por ciento del puntaje y de los 32 candidatos para el Tribunal Constitucional sólo cuatro obtuvieron promedios de entre 220 y 310 puntos.
Sobre los aspirantes a la Corte Nacional Electoral, que son 38, no hubo ponderación pues se optó por otra metodología para su evaluación, explicó Silva.
En el proceso de calificación también se observó a dos aspirantes, uno "que había sido funcionario público en la dictadura de (Luis) García Meza y otro postulante que había ejercido la función pública en forma paralela en dos reparticiones públicas", dijo.
Mientras ese proceso avanza, ayer el fiscal de Distrito de Santa Cruz, Jaime Soliz, llegó hasta el Congreso Nacional para impugnar la decisión de la Comisión Mixta de Constitución, que le excluyó de la calificación con el argumento de no haber presentado sus documentos en el lugar que indicaba la convocatoria.
Según Soliz, "se cometió un error" en su depuración, toda vez que presentó su documentación en la Comisión de Constitución, como se establecía.
El diputado de Podemos José Oña sostuvo que el tema será analizado en la Comisión, aunque dijo que de acuerdo a la información preliminar se conoció que los papeles de Soliz, junto a los de otros postulantes, fueron remitidos a la Vicepresidencia de la República cuando el senador Antonio Peredo dejó la presidencia de la Comisión de Constitución, y que luego se devolvió la documentación incompleta.