Justicia: la agenda olvidada
Eduardo Rodríguez Veltzé*

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El desarrollo de la justicia ha sido y es aún parte de una agenda olvidada. Su atención ha sido espasmódica y teñida por los intereses políticos de turno. Lo fue cuando se cooptaban cargos hasta que se cambiaron las modalidades de elección y se estableció un sistema de carrera judicial. La tentación política fue superior a la naciente institucionalidad, volvió la arbitrariedad, la politización de la justicia y la erosión deliberada de la independencia judicial.

El proceso constituyente abrió el mejor espacio para reconfigurar un sistema judicial más funcional, accesible y confiable. Penosamente, la falta de debate informado y la forma en la que se precipitó la aprobación del texto, liquidaron la oportunidad. La reforma requiere escenarios más democráticos y participativos que los que hoy se alienta con presiones sobre las instituciones y sus miembros.

Subsiste aún otra realidad que revela el vacío de autoridad pública frente a los ciudadanos, cada día más inseguros y más indefensos. En los últimos años, la delincuencia en Bolivia creció a un promedio del 9% anual, los linchamientos con muerte se producen en un promedio de tres por mes. No hay respeto por la vida ajena, por el debido proceso, la presunción de inocencia y la prohibición de la pena de muerte. Son reacciones de intolerancia desmedida ante la ausencia de instituciones con autoridad pública, y en su caso, también ´originaria´, que pongan límite al abuso. La impunidad es notable y la falta de interés en la persecución del delito contrasta con la diligencia gubernamental dirigida a temas de nítida urgencia política, incluso arbitrando recursos extraordinarios.

El nuevo Código Procesal Penal fue un hito importante en la reforma de la justicia, pero con deficiencias sustantivas como la ineficacia en la coordinación institucional; ausencia de política criminal; actualización demorada del Código Penal; debilidad estructural del Ministerio y Defensa Públicas; y la falta de servicio por limitaciones de juzgados y por efecto del propio sistema que rechaza, en promedio, más del 80% de los asuntos que se le presentan y que tampoco ingresan al sistema de justicia ordinaria. La justicia comunitaria tampoco los resuelve pues se concentra en las comunidades originarias rurales que la preservan.

La falta de acceso a la justicia y de un ejercicio efectivo de la jurisdicción es una falencia crítica del sistema de justicia, agravada por deficiencias en la cultura democrática de observancia normativa, de respeto a la ley por autoridades y ciudadanos. La mayor parte de las normas sustantivas y procesales está desactualizada y su transformación es siempre postergada por otras urgencias legislativas y políticas. Junto a la creciente demora en el despacho de causas en todas las instancias del sistema, se marca el permanente olvido de esta agenda pública.

En su tiempo, la Corte Suprema sentó las bases para una política pública de transformación comprensiva del sistema judicial con el plan ´Justicia para Todos´, que enfoca el tema del acceso universal como prioridad. Abrió espacios de análisis y coordinación con las experiencias de justicia comunitaria y promovió el establecimiento de la Justicia de Paz, como una fórmula también ´comunitaria´, pero que es la base del sistema de justicia formal, integrada en el propósito de promover la solución pacífica de conflictos y sostener el imperio de la ley.

El aporte de autocrítica y propuestas de reforma que alentaron la Corte Suprema y los órganos del Poder Judicial fueron relevantes pero infructuosos, particularmente en estos dos últimos años de desmontaje, sometimiento y cooptación de sus órganos.

En enero del 2006, me tocó promulgar la Ley Nº 3324 que, entre otras cosas, dispone la creación de la jurisdicción de Paz para la resolución de conflictos por la vía de la conciliación y la equidad. Lamentablemente, ni el Gobierno ni el Poder Judicial mostraron interés en establecer la Justicia de Paz como dispuso la ley, están atorados con juicios políticos y siguen destinando importantes recursos a la construcción de onerosos palacios y sedes de tribunales. Aún no se repara en advertir que la Justicia es un requisito esencial para la transformación pacífica de las relaciones de poder que perpetúan la exclusión y la pobreza.

El desafío por la justicia es todavía muy grande, está pendiente y nos incumbe a todos, tiene raíces estructurales y estrecha relación con otros fenómenos políticos, pero sobre todo con la vocación de preservar la paz, el derecho y el imperio de la ley como base del sistema democrático.

*Eduardo Rodríguez V.
es ex presidente de la República.