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Un informe final de auditoría ejecutado por la Contraloría General de la República (CGR) sobre la gestión de Lonabol entre el 1 de enero del 2003 y el 30 de marzo del 2007 establece que “las empresas con las cuales Lonabol ha suscrito los contratos no son de carácter temporal, siendo dichas actividades juegos de distracción de adultos en máquinas electrónicas, cuyas operaciones son de carácter permanente, realizadas en casas de juego establecidas en centros fijos”.

El documento añade que los contratos se realizaron “amparados” en la Resolución Administrativa 055/04, de septiembre del 2004, la cual establece que mientras se apruebe un reglamento específico para este tipo de juegos, se concederán licencias temporales por un lapso de 90 días, sujeta a renovación “si amerita”.

Asimismo, cita que el Decreto Supremo 2444, de diciembre de 1996, establece que las autorizaciones que otorga Lonabol facultan realizar “una o varias jugadas de carácter temporal de acuerdo a reglamento específico”.

La resolución mencionada “no fue cumplida” —dice el informe— “debido a que los ejecutivos de la entidad efectuaron la renovación de los contratos de licencia temporal de uno, dos o tres años más de vigencia”.

Las autoridades y ex autoridades de la Lotería involucradas en estas irregularidades son nueve, entre directores ejecutivos y directores jurídicos. La lista incluye a la actual directora ejecutiva, Laura Encinas Cuéllar, y a la actual directora jurídica de Lonabol, Wilma Velasco Aguilar.

La recomendación de la CGR es que el Ministerio de Salud inicie una acción penal en contra de todos los implicados.

Por otro lado, el informe recuerda que si bien se aprobó un Reglamento Específico de Licencias, el 27 de septiembre del 2005, las empresas que operaban estos servicios tenían un plazo de 10 días para readecuar sus contratos “siempre que sean contrarios” al decreto. Sin embargo, “no se evidenció la readecuación o contrato modificatorio, manteniéndose en vigencia los contratos suscritos en la gestión 2005”.

Sobre las responsabilidades de Laura Encinas Cuéllar y Wilma Velasco Aguilar, el informe establece que ambas firmaron dos contratos para el funcionamiento de igual número de casas de juego por un periodo de dos años, cuando el reglamento aprobado el 2005 autoriza sólo la emisión de licencias temporales o eventuales. Aclara también que la empresa Importaciones Oddy S.R.L. aún no está operando.

Encinas no se pronunció ayer al respecto. Desde su despacho se informó que aún analizaban el documento de la CGR.

En tanto que el ministro de Salud, Wálter Selum, declaró que esperará que la Contraloría oficialice su informe para “proceder con los pasos legales”.

Las empresas de juegos para adultos con licencia deben cancelar cada mes el 15 por ciento de su ingreso bruto (total ganado menos el valor de premios).