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El vicepresidente del MAS, Gerardo García, señaló que, de fracasar el diálogo facilitado por la Iglesia Católica, “se tomarán las medidas necesarias para evitar la confrontación” el 4 de mayo, entre las que mencionó el bloqueo de caminos, ya anunciado por sectores sociales rurales.

Coincidentemente, el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, convocó a los bolivianos “a manifestarse para que todo este proceso que lleva adelante Santa Cruz no se lleve adelante, porque es un plan riesgoso para la unidad del país”.

La Corte Departamental Electoral cruceña conduce la consulta sobre el estatuto autonómico para el 4 de mayo. Paralelamente, la Unión Juvenil Cruceñista organiza una policía civil —que cuenta con 15.000 jóvenes— para resguardar el proceso electoral.

El dirigente masista de Santa Cruz, Édgar Rivero, anunció que el 5 de abril se realizará una reunión de todos los sectores afines al MAS para definir una estrategia única frente al referéndum.

Sin embargo, adelantó que “hay la decisión de que no se debe participar”. Desde el Plan 3.000 y otros barrios, donde el oficialismo tiene fuerte presencia, se anticiparon movilizaciones para impedir el acto electoral.

Portugal Quispe, dirigente del Plan 3.000, indicó que el 1 de mayo se realizará una “marcha en repudio a la decisión de persistir en una consulta al margen de la normativa legal“. No descartó que se vayan a tomar las instalaciones de la Corte Electoral.

Frente a este panorama, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, también anunció una movilización para el miércoles como un preámbulo de lo que significará el apoyo a la consulta sobre el estatuto autonómico.

La Policía, el 4 de mayo, sostuvo que cumplirá con su labor de seguridad ciudadana, sin resguardar el acto electoral previsto.