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Un militar de alto rango explicó que el acuartelamiento está prácticamente aprobado, incluso en detalles de su aplicación.

Coincidentemente, un dirigente del oficialismo admitió que la participación militar “está en los planes si fracasa el diálogo”.

En Cochabamba, el diputado de Podemos Edwin Jiménez dijo que recibió información sobre una presunta intervención militar que se ejecutaría con respaldo de militares venezolanos, en base a un acuerdo firmado con el gobierno de Hugo Chávez.

Mientras, el ambiente de tensión es cada vez mayor en Santa Cruz, donde ayer el concejal Óscar Vargas propuso una ordenanza para que, por 90 días, se contraten 500 guardias municipales de refuerzo para garantizar el éxito del referéndum y evitar el boicot que abiertamente planifican los sectores oficialistas.

El presidente de la Corte Departamental Electoral (CDE), Mario Orlando Parada, dijo que un eventual estado de sitio paralizaría el referéndum de mayo.

“La ley dice que no hay elecciones en un estado de sitio, pero antes hay que ver qué dice el decreto de excepción”, señaló, tras apuntar que esta posibilidad aún no dejó de ser más que un rumor.

En el lado del oficialismo, el jefe de bancada del MAS en el Senado, Félix Rojas, reveló la estrategia en el plano político. Dijo que “después del 4 de mayo tendremos el cuerpo del delito de una consulta ilegal, de modo tal que el procesamiento sería fehaciente. Los dineros gastados (en la consulta) estarían dilapidados, la gente habría sido burlada”.