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Dichos pobladores son miembros del autodenominado ‘control social’, instaurado hace un mes por las autoridades locales del municipio de Achacachi con el objetivo de frenar el contrabando de garrafas de gas, gasolina y diesel hacia Perú. Cada día, una comunidad distinta se hace cargo del control en las puertas del Regimiento Ayacucho, donde tres policías —auxiliares del Control Operativo Aduanero (COA)— inspeccionan los camiones junto a los pobladores.

“Voluntariamente nos han venido a colaborar en la inspección. (...) A veces un poquito vienen en estado de ebriedad, pero no cometen atropellos”, aseguraba ayer uno de los policías, mientras los comunarios extraían el diesel de un camión. El atemorizado conductor, por su parte, no atinó a lanzar ningún reclamo.

“Este tanque está arreglado, lo han agrandado para meter más diesel del que necesita. Luego lo sacan hacia Perú”, exclamaba uno de los comunarios que, como sus compañeros, cumplía un turno de 24 horas en este lugar.

Según los policías, el combustible decomisado es almacenado y después es remitido a YPFB.

“Distintas organizaciones realizan el trabajo, pero coordinando con el COA. Están la Federación de Campesinos, el Comité Cívico, la Junta de Vecinos... El sábado han decomisado huevos que salían a Perú y lo han vendido luego en la plaza”, narró el alcalde de Achacachi, Eugenio Rojas. La autoridad edil reconoció que “a veces torpes pueden ser (los comunarios); por eso necesitamos capacitación, porque no queremos mal interpretaciones de la gente ni salirnos de las normas legales”, dijo.

Sin embargo, uno de los policías sostuvo que “el otro día a un camión le han 'chumado' todo su combustible; el chofer no tenía con qué llegar a su destino. En vano reclamó, no le devolvieron”.