El pacto es necesario. ¿Es posible?
Jorge Lazarte*

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El país necesita de un pacto para enfrentar los duros desafíos del presente y evitar que los conflictos de fondo no estallen rompiendo los débiles vínculos sociales en un país quebrado arriba y abajo. La alternativa al pacto es la violencia.

Los llamados ´diálogos´, improvisados, han fracasado porque no se cumplió con el primer requisito, que es la disposición al ´acuerdo´. En realidad, las partes ´actuaron´ ante los medios, empezando por el Gobierno que hizo todo para inviabilizarlos. Probablemente tampoco será la Iglesia la que haga el milagro de convertir a los ´violentistas´ en amantes de la paz y que no perderán la menor ocasión aprovechable para la realización íntima de sus deseos. Contra ellos la sociedad, si quiere perseverar en su ser, tendrá que activar sus resortes profundos de supervivencia que los neutralice. Como en otras situaciones límites, y con un gobierno que las amplifica, los acuerdos seguramente llegarán, pero con costos muy elevados por ser tardíos.

En un momento en el que irrumpen viejos y nuevos problemas de ingobernabilidad, habría que pensar en dos tipos de acuerdos o pactos, que corresponden a tiempos políticos distintos.

El primer pacto debería fundarse en las situaciones actuales de hecho, que no pueden ponerse a derecho por ausencia del Tribunal Constitucional desmantelado por quienes ahora están interesados en reconstituirlo. Una situación de hecho es el referéndum de Santa Cruz, al que seguirán otros referendos regionales que tampoco pueden evitarse. La contraparte de este referéndum debería ser el otro anunciado por el Gobierno sobre un proyecto constitucional también con problemas de legalidad. Un primer componente del pacto debería ser el compromiso, explícito o implícito, de no impedir los referendos, renunciar a la violencia y aceptar que sea la población la que defina libremente su opción. Si en el camino, el Congreso puede reconducir ambos procesos, con ayuda o no de un tercero, será siempre mejor a que los hechos se impongan sobre el derecho.

Esta probabilidad debería ser alentada por instituciones como la UE, para evitar que la situación se degrade aún más y no calificar a los procesos. Hay momentos en los cuales ya no se trata de maximizar las ventajas sino minimizar las pérdidas, para preparar mejor las condiciones del relanzamiento. Transitar el momento actual sin altos costos, es decir, sin violencia, debería ser el propósito de todos los que no abdican de su deber de no permitir que una minoría descontrolada decida la suerte de millones de bolivianos.

El segundo pacto deberá tener como una premisa que la ´media luna´ administre su victoria y no la comprometa por intemperancia. La fuerza sin la inteligencia es torpe y puede revertirse contra ella misma. Las características de este segundo pacto dependerían de los resultados de los dos procesos de referéndum, pero deberían tener como base una reinstitucionalización del país, que restablezca la legalidad para que no todo esté permitido. Si pierde el referéndum constitucional, se podría pensar en reformas inmediatas vía Congreso que consagren autonomías y nuevos derechos, abriendo un periodo de dos años para concertar un nuevo texto constitucional que dé pie a una Constituyente que, en debida forma, apruebe lo ya consensuado. Esta concertación puede aprovechar el documento de la Conferencia Episcopal Boliviana.

Si gana, y damos por descontado que ocurrirá lo mismo con los referendos sobre los Estatutos Autonómicos, la nueva situación debería inducir a las partes a ponerse de acuerdo, pues de otro modo las pérdidas pueden ser catastróficas y suicidas para ambas.

Todo es preferible al uso de la violencia. La violencia no pertenece al reino de la cultura sino al reino de la naturaleza. Lo cultural es su control, para evitar sus efectos desintegradores. El pacto es necesario y debe ser posible, así sea contra la resistencia de los que deben pactar.

*Jorge Lazarte
es asambleísta constituyente y analista político.