En cuanto la champa guerra entre oficialismo y oposición —regiones sube de tono, le propongo algunas ideas sobre política industrial que probablemente nunca hagamos, pero que conste que las discutimos, por lo menos. Así las generaciones del futuro tal vez puedan aplicar algunos de estos conceptos cuando tengan que reconstruir la economía del país. O tal vez en un ataque de sensatez colectiva, pactemos rápidamente y nos concentremos en la revolución productiva, en la revolución del empleo. Hasta el momento, el gobierno ha hecho muy poco en este campo, no obstante que prometió que el tema productivo sería la niña de sus ojos. A rigor, lo que, muy generosamente, podríamos llamar de política productiva se redujo a la creación de un Banco de Fomento que repartió recursos sin criterios técnicos y financieros claros; el caso más patético es que financió el contrabando de ropa usada, a través de una malograda política de reconversión productiva. También se crearon fábricas de papel, cartón y leche, aún no sé con qué criterios. En el campo, se repartieron tractores con dudosos procedimientos y como parte de una campaña política. En la actualidad, lo más pintoresco de la política productiva oficial es que reacciona a la tasa de inflación. Sube el precio del trigo o del maíz, el Gobierno a través de una empresa pública se pone a producir o incentivar la producción de ambos productos. Aumenta el precio del aceite y el Estado se pone a producir este bien. Se incrementa el precio del pan y las Fuerzas Armadas compran hornos para producir pancito o cultivar maíz en sus tierras. Esperemos que no suba el precio de los celulares para que los Colorados de Bolivia no sean inducidos, por el gobierno, a competir con Nokia. Estos espasmos de políticas públicas están muy lejos de constituir una política industrial moderna y sólo repiten los errores del pasado. Pero no entremos en la huayqueda generalizada que está recibiendo el gobierno y seamos propositivos. En este domingo de zozobra me permito compartir las siguientes ideas que recogen varios trabajos de Dani Rodrik, Charles Sabel, Ricardo Huasmann, Peter Evans y otros académicos que vienen repensando los temas de política industrial.
En Bolivia, el punto de partida obvio es que los mercados, por sí solos, difícilmente promoverán un proceso de industrialización porque tienen fallas estructurales. Según Rodrik y Hausmann, se requiere de la acción del Estado para corregir los siguientes tipos de problemas: A) Sin una intervención pública las sociedades, como la nuestra, tienen enormes dificultades, sea por costos o escasez de ideas, para descubrir cómo producir nuevos bienes de manera rentable. B) Incursionar en nuevas actividades económicas requiere de inversiones en ciertas partes de la cadena productiva que sólo el Estado lo puede hacer; piense en la innovación tecnológica, por ejemplo. C) Una producción privada eficiente requiere de legislaciones y reglas de juego específicas, programas de investigación y desarrollo, e infraestructura especial para una determinada industria, que sólo un Estado con base local puede hacer. Según los anteriores autores, las restricciones señaladas no se resuelven con políticas industriales de corte tradicional que usan instrumentos como protecciones de tarifas, rebaja de impuestos, subsidios en investigación y desarrollo, créditos directos, distritos industriales y otros. Una política industrial actual debe hacer otro tipo de preguntas, entre las más importantes podemos mencionar: ¿Las acciones del gobierno establecieron las instituciones que incentivan al sector público a coordinar con el sector privado? ¿Tiene el Estado, nacional o local, la capacidad de responder selectivamente a industrias específicas, y tanto con diversos instrumentos como con políticas diferenciadas? ¿Cómo se construyen políticas industriales a medida, desde las necesidades locales? En un reciente trabajo, Sabel y Rodrik sugieren dos tipos de políticas industriales para responder a estas interrogantes; una para pequeñas y medianas empresas y otra de carácter más global. La primera consiste en mejorar la provisión de insumos públicos para actividades existentes con el objetivo de que aumente la productividad y la calidad de los productos que ya se producen y que también se incentive el desarrollo de bienes conexos. Para saber cuáles son los mejores incentivos y cómo administrar los escasos recursos, los autores sugieren que creen espacios institucionales de coordinación entre las empresas y el sector público. De esta manera se resuelven los problemas de complementariedad de la inversión privada y estatal. Asimismo se deben establecer sistemas transparentes para asignar recursos públicos. Aquí el desafío central es apoyar empresas con alto potencial de aumentar productividad y competitividad, pero de manera integral.
Otro camino a seguir son políticas industriales grandes que se concentran en nuevas empresas y se requiere de un diseño institucional más complejo. Un modelo a seguir son los ventures funds (fondos de aventura), que crean oportunidades y que deben tener una enorme capacidad técnica para evaluar proyectos productivos. En Malasia, existe un fondo que apoyó las industrias electrónicas y en Chile se tiene la Fundación Chile, cuyo producto estrella es el salmón. Como este resumen es insuficiente, sugiero visitar las páginas web de los autores mencionados en el artículo para ver el estado actual en que encuentra el debate sobre políticas industriales.
*Gonzalo Chávez es economista.
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