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“El Estado ha tomado la decisión que será irreversible. Estamos actuando en estricto apego a la ley, el saneamiento de Alto Parapetí se hará respetando absolutamente los derechos de todos los que cumplen la función de económica social; los que tienen papeles al día no tienen por qué tener miedo, el Estado garantiza que serán respetados”, declaró ayer el director nacional de Tierras, Cliver Rocha.

Aclaró que el 4 de mayo “es una consulta de un estatuto, pero de ninguna manera desaparecen el Estado de Derecho y el ordenamiento jurídico nacional”.

Consultado sobre las acciones que tomará el Ejecutivo para lograr su objetivo, dijo que “cuando existe clara resistencia a la aplicación de la ley, obstrucción o desacato, la ley permite el auxilio de la fuerza pública para su cumplimiento, pero no hemos ingresado a ese terreno”.

Las declaraciones se produjeron luego de que el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas, y un grupo de funcionarios de esa entidad fueron interceptados con violencia, el viernes, por ganaderos de Alto Parapetí (Cordillera, Santa Cruz), cuando pretendían dar continuidad al saneamiento de un predio.

En el incidente, el segundo de ese tipo en 37 días, los ganaderos lanzaron piedras a los funcionarios del Ejecutivo e incluso les habrían disparado.

Agregó que “se va a sanear hasta el último metro de tierra en este país” y que “el Gobierno no va a ceder en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, frente a la violencia, frente a los grupos de choque para impedir el saneamiento”. En todo caso, indicó que “hay que rescatar” que un grupo de ganaderos mostró inclinación a dialogar.

TRAS EL REFERÉNDUM

Anuncio • Durante la concentración organizada por la Prefectura y el Comité Cívico de Santa Cruz el miércoles, el prefecto Rubén Costas anunció que revertirá varias acciones del Gobierno luego del 4 de mayo.

Tierras • En el caso concreto de la política de tierras, el documento cruceño establece que el trabajo de saneamiento y titulación de propiedades estará a cargo de una unidad dependiente del gobierno prefectural.