Referéndum o encuesta autonómica
Carlos Alarcón*

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En un proceso referendario, cuando se quiere dejar de lado la legalidad por la legitimidad, tiene que existir una base mínima de orden y formalidad que permita la expresión de la voluntad popular en un marco de autenticidad, certeza y transparencia. Me temo que este no es el caso de la votación del día 4 de mayo en Santa Cruz. La inconstitucionalidad del producto resultante, el Estatuto Autonómico sometido a votación, está fuera de toda duda. Sus contenidos son abierta y evidentemente contrarios a la Constitución vigente, no sólo al proyecto de Constitución del MAS —esto no sería ningún problema—. De un simple cotejo de ambos documentos, hasta un estudiante de secundaria se daría cuenta de las contradicciones.

Si hacemos abstracción del problema de constitucionalidad del producto y nos concentramos en el proceso referendario, esa base mínima de orden y formalidad al único efecto de la legitimidad no existe, por las siguientes razones:

1. Las resoluciones de la Corte Electoral de Santa Cruz de ejecución del proceso referendario han sido dejadas sin efecto por una resolución de la Corte Nacional Electoral, en su condición de máxima autoridad electoral en Bolivia. Resolución de la Corte Nacional Electoral vigente y que produce plenos efectos jurídicos hasta que no sea revocada o anulada por autoridad competente.

2. Falta de representatividad de las autoridades que han redactado el proyecto de Estatuto porque no han sido elegidas por el pueblo de Santa Cruz para cumplir este mandato.

3. Falta de reconocimiento internacional por la resistencia de otros países y organismos internacionales a mandar observadores electorales.

4. Conformación de una policía privada para garantizar la seguridad del acto electoral.

5. Habilitación de recintos privados para el acto de votación.

Si sumamos todos estos elementos, nos daremos cuenta de que, en esencia, el acto del 4 de mayo, por las escasas posibilidades prácticas de implementación y ejecución del producto resultante, tiene las características más próximas a una encuesta pública masiva de opinión que a un verdadero Referéndum Departamental vinculante para la ratificación y puesta en vigencia del Estatuto Autonómico.

En este contexto, la pelea por una verdadera autonomía departamental hay que librarla en el terreno que corresponde: la aprobación y vigencia de una nueva Constitución. Los líderes regionales se debilitan y perjudican su causa si compiten por el vicio y no por la virtud. Si el Gobierno viola el Estado de Derecho y la ley, esto no justifica que los líderes regionales también lo hagan. El pecado de uno no cubre o justifica el pecado del contrario.

En lugar de tanto lío innecesario es mejor que ambas partes enfrentadas se sienten a la mesa de concertación, aceptando la facilitación de la Iglesia Católica, para combinar de la mejor manera posible en los textos constitucional y autonómico una realidad ineludible: Bolivia diversa, con inclusión indígena y autonomías departamentales.

*Carlos Alarcón
es abogado constitucionalista.