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“El viceministerio tiene una posición muy clara. No es posible, de ninguna manera, otorgar legalidad a partir de la presión social porque a título de legitimidad se pueden cometer las mayores arbitrariedades”, indicó la autoridad gubernamental.

El 18 de febrero, en Uncía (Potosí), autoridades originarias y de los comités cívicos y de vigilancia lograron que el alcalde César Villca renunciara a su cargo, arguyendo supuestas irregularidades en su gestión. En su lugar, los pobladores posesionaron en un cabildo a Anselmo Quiruchi.

En Tiwanaku, el alcalde Lino Condori (UN), según su denuncia, el domingo 30 de marzo fue obligado a escribir y firmar su propia renuncia durante la realización de un Consejo de Ayllus. Luego de dos días, los comunarios nombraron a Eulogia Quispe (MSM) como nueva alcaldesa.

Yaksic explicó que los gobiernos municipales que no son reconocidos por el Ejecutivo no pueden acceder a la utilización de recursos fiscales. Entonces, dijo, el Ministerio de Hacienda les congela las cuentas ediles.

En lo que va del año, el Viceministerio de Descentralización atendió 20 casos de conflictos de gobernabilidad en los municipios del país, según dijo a Enlared el director de Políticas Municipales, Rodrigo Puerta.

La mayoría de los casos se suscitó por dualidad de alcaldes y de concejos municipales, por censuras y destituciones a través de la realización de cabildos.

El 2007, según el viceministro Yaksic, se registraron 99 conflictos de gobernabilidad, de los cuales, en 72 municipios los alcaldes fueron removidos y en 41 presentaron sus renuncias.

Aclaró que las vías legales para cambiar autoridades son el voto de censura constructiva y un proceso administrativo iniciado por el Concejo Municipal.