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Sin incurrir en exageraciones, se puede decir que Bolivia se está convirtiendo en el basurero de lo que se desecha en otras latitudes del planeta. Así, por ejemplo, no hay mayores diferencias entre comerciar con ropa usada y traer automotores también usados, en algunos casos con tantos años de antigüedad que representan un serio riesgo para la seguridad de los bolivianos.

Los registros de la Aduana Nacional permiten corroborar que en el año 2005, bajo el velo de la nacionalización, ingresaron al país 42.680 vehículos. Al año siguiente, la cantidad casi se duplicó llegando a 80.806 automotores, en tanto que en el 2007 se alcanzó la cifra de 109.500 unidades.

De forma sorprendente, pareciera que estas irregularidades no abruman a las autoridades aduaneras; más bien, éstas les dan alguna forma de legalidad. En efecto, han creado el Documento Único de Importación (DUI) para acelerar (no impedir) un supuesto proceso de regularización. Se sienten en todo caso satisfechas cuando declaran que han conseguido disminuir el ingreso de tales vehículos.

Ante semejante realidad, sería irresponsable dejar de cuestionar con severidad el comportamiento de determinadas autoridades del Gobierno, así como de algunos sectores de la sociedad boliviana. No puede ser que gente angurrienta se dedique a este tipo de actividades ilegales, a vista y paciencia de las autoridades aduaneras, cuando se tiene un territorio tan extenso y diverso en el que existen suficientes posibilidades de desarrollar tareas lícitas y decorosas.

Desde el momento en que se advierte una gran capacidad económica para importar ropa y automotores usados, se deduce que las personas dedicadas a este negocio no son precisamente pobres o carentes de recursos. Aquí hay intereses mayores que deben ser combatidos.