¿Hacia dónde vamos?
Carlos Miranda Pacheco*

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Desde el 2003, hemos perdido el rumbo en nuestra política energética. Hasta fines de ese año, el país estaba firmemente encaminado a convertirse en el centro regional de abastecimiento y transporte de gas, denominado ´el país Gas Hub´ para el Cono Sur. Huelga resaltar las ventajas económicas, y sobre todo geopolíticas, que hubiéramos adquirido. Ese rol internacional no sólo fue aceptado por nuestros vecinos; en él depositaron muchas esperanzas. Basta leer las noticias de las crisis energéticas que están atravesando.

La Ley 3058 y la llamada nacionalización de los hidrocarburos con el DS 28701 —congruentes con el carácter etnocentrista del Gobierno— lograron eficientemente anular esa imagen del país. La firma de los contratos de operación encendió una llama de esperanza, que Argentina la acogió y firmó un contrato de provisión de gas que no estamos pudiendo cumplir.

Por eso, llama la atención que a los 30 días de haber admitido públicamente nuestra incapacidad de poder producir a tiempo los volúmenes comprometidos con Argentina se emite el DS 29486, estableciendo el 30 de abril del 2008 como la fecha definitiva para ´concluir negociaciones, suscribir documentos de transferencia y acuerdos necesarios para la adquisición de las acciones conforme lo dispuesto en el Decreto Supremo de Nacionalización´, o sea por lo menos el 50% +1 de las acciones de las empresas Andina S.A., Chaco S.A., Transredes S.A. y la Compañía Logística de Hidrocarburos S.A. Esperemos que el Ejecutivo haya hecho su tarea y esté midiendo bien sus pasos, porque el cumplimiento de este decreto puede crear problemas económicos, financieros y legales, poniendo en peligro casi toda la producción de petróleo y gas del país en el corto y mediano plazo. Si el DS 24896 tiene por objetivo el poder montar un show político conmemorando un año más de la ´nacionalización´, el precio de ese festejo puede resultar increíblemente alto.

Por otro lado, hace unos cuantos días el ministro del ramo ha indicado que hasta ahora no se cuenta con una certificación de las reservas de hidrocarburos, porque hasta la fecha no se ha podido contratar a una firma especializada.

Por el DS de nacionalización, YPFB ha resultado propietaria del 47% y 48% de Andina S.A. y Chaco S.A., respectivamente. Así que para llegar al porcentaje del 50% +1, tener la mayoría y dirección de cada una de las empresas, YPFB tendría que comprar el número necesario de acciones.

La compra de acciones de una compañía petrolera productora está generalmente orientada por las reservas probadas certificadas, que la compañía puede presentar y su proyección en el mercado. En nuestro caso, esa no es la situación; por admisión oficial, no sabemos cuáles son las reservas certificadas, entonces será un poco difícil establecer valores racionales a las acciones a comprar.

En el caso de Transredes y la Compañía Logística, la operación puede ser más sencilla porque el valor de las acciones reflejan los activos fijos y el valor del negocio puede ser estimado. La parte legal está llena de preguntas a responder o aclarar.

Según el Código de Comercio, cualquier sociedad anónima en la que participa el Estado como accionista, debe convertirse en Sociedad Anónima Mixta (SAM), lo que implica estar sujetas al control de la Contraloría y la Ley Safco. A la fecha, YPFB detenta paquetes minoritarios de Chaco S.A., Andina S.A. y Transredes S.A. Esas empresas debían haber sido transformadas en Sociedades Anónimas Mixtas. Hecho que no sucedió, pero como ahora se pretende tener la mayoría, dirección y control por YPFB, parecería muy difícil que no sean transformadas. Entonces, la gran pregunta: ¿Estarán esas empresas dispuestas a ser socias minoritarias, no tener el control de la empresa y además ser controladas por la Contraloría General de la República y por la Ley Safco? ¿O preferirán vender todas sus acciones?

En la segunda alternativa también surgen preguntas. Chaco S.A. y Andina S.A. tienen suscritos con YPFB 24 contratos de operación por 35 áreas de trabajo. Al desaparecer el socio privado, se tendrán contratos de YPFB consigo misma. Esa es la parte fácil. La más compleja es que Andina S.A. y Chaco S.A., a su vez, son socios en grupos empresariales en otras áreas. Así, tenemos los contratos por San Alberto y San Antonio, en los cuales Andina tiene el 50% de las acciones, Petrobras el 35% y Total 15%. El operador, es decir el que efectúa el trabajo por cuenta de todos, es Petrobras. En Margarita, Chaco S.A. tiene el 15% de participación.

Lo importante es que directamente o asociadas con otras empresas, Chaco S.A. y Andina S.A. producen aproximadamente 60% del gas y el 45% del petróleo del país (datos a abril 2007). YPFB, al tomar control vía 50% +1, o con el total de las acciones de ambas compañías estaría asumiendo el control operacional de esa producción. Al mismo tiempo, algo similar sucedería con el transporte y la distribución del 100% de la producción.

Todo indica que YPFB, al presente, no está capacitada para cumplir esas funciones. Entonces, habiéndose esfumado la posibilidad del gran proveedor y transportador del Cono Sur, ahora se cierne la casi certeza de empezar a fallar con la exportación de gas al Brasil y el consumo interno. Cumplir el contrato firmado con Argentina se volvería algo muy remoto.

En un mundo con el barril de petróleo a más de $us 100 y el gas a más de 10/MMBTU, ¿hacia dónde vamos?

*Carlos Miranda P.
es ingeniero petrolero.