El fallo de un tribunal que condenó a 35 años de cárcel a un general y a 15 años a otros tres militares por la acción de un escuadrón de la muerte en Perú, incrimina al ex presidente Alberto Fujimori pues estableció que ese grupo operó con su anuencia y en la estructura del Ejército.
Según la sentencia, dictada la noche del martes 8, los jueces llegaron a la conclusión de que el destacamento Colina, autor de dos de las peores matanzas perpetradas en las dos últimas décadas en el combate contra grupos alzados en armas, “dependía de la Presidencia de la República con la misión de eliminar a subversivos”.
El tribunal peruano, presidido por la jueza Inés Villa Bonilla, remarcó que el grupo de aniquilamiento “cumplió una política de Estado que usó métodos de eliminación, secuestro, desaparición forzada y tortura”.
El asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, en julio de 1992 —por el que se dictaron las condenas— “no fue un operativo aislado ni un exceso” de los militares del grupo Colina, sino que se realizó “por orden de las altas esferas militares y del poder político”, señaló el tribunal.
Es la primera vez que un tribunal peruano deja claramente establecido que el grupo Colina —autor también de la matanza de Barrios Altos que dejó 15 muertos durante 1991— formaba parte del Ejército y que ejecutaba una política de Estado digitada por Alberto Fujimori.
La sentencia deja en mal pie y contradice abiertamente las afirmaciones de Alberto Fujimori en el juicio al que es sometido por violación de derechos humanos, donde ha negado que en su gobierno (1990-2000) haya ordenado aplicar una política de guerra sucia contra las guerrillas de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Lima, AFP