Las autoridades financieras y monetarias, de manera poco responsable, han anunciado públicamente que la ciudadanía debería cambiar sus depósitos en dólares norteamericanos, para convertirlos en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV), debido a que el Gobierno continuará con su política de “fortalecimiento” del boliviano.
Y, en efecto, ante este anuncio, el público ha empezado a cambiar sus depósitos en dólares de los EEUU —que actualmente reciben una tasa de interés anual de alrededor del 5 por ciento— por depósitos en moneda nacional en UFV, que mantienen su valor, debido a que éstos se revalúan, en base a los precios de una canasta de bienes, que se utiliza en la construcción de viviendas.
Al percibir el público que la inflación de los últimos doce meses ha sido del 14 por ciento y que el boliviano se está apreciando al ritmo del 5 por ciento anual, no se necesita ser un gran financista para darse cuenta de que los depósitos en UFV se incrementarán, en términos de dólar, en el porcentaje en que se incrementa la inflación (14%), más el porcentaje en que se aprecia el boliviano (5%); a lo que, naturalmente, se le debe añadir el interés que pagan los bancos, que podría fluctuar entre el uno y dos por ciento anual. ¡Gran negocio!
Sin embargo, lo que las autoridades financieras y monetarias, aparentemente, no se dan cuenta es que los bancos y las entidades financieras, que captan recursos en UFV, no los prestan a terceros que, en última instancia, deberían ser quienes absorben el costo de la inflación y de la apreciación cambiaria. Lo que hacen éstos es transferirlos al Banco Central de Bolivia, a través de las Operaciones de Mercado Abierto (OMA) u otras formas de inversión temporaria. Por lo tanto, el Banco Central es el que, en última instancia, resulta pagando por este costo, produciendo más inflación.
La pregunta que seguramente se hará el estimado lector es la siguiente: ¿por qué los bancos y las entidades financieras no prestan en UFV? Y la respuesta es: porque nadie es tan loco de prestarse a tasas tan altas, que incluyan la inflación (14%), la apreciación del boliviano (5%), los intereses pagados (1 ó 2%), los costos de operación bancaria (alrededor del 4%) y las utilidades del banco. Es decir que, en la suma total, estaríamos hablando de alrededor del 30 por ciento, en el mejor de los casos.
Y ¿por qué hacemos esta locura? Porque en Bolivia nos gusta copiar las cosas que hacen otros países, sin pensar si las aplicamos bien o mal. Cuando los países inventaron las unidades de fomento (UF), éstas fueron concebidas para utilizarse como medidas de mantenimiento de valor y no como moneda de curso legal. Es decir, que se concibieron para que los países, en vez de utilizar dólares u otras monedas fuertes para pagar por sus salarios, bienes raíces, alquileres, etc., cuando hay inflación, utilicen su propia moneda, con un mecanismo que los defienda de este fenómeno.
Sin embargo, las UF jamás fueron concebidas para captar o prestar recursos (intermediación financiera) a través del sistema financiero. ¿Por qué? Justamente, porque las UF no son moneda de curso legal, no son depósito de valor, ni deben utilizarse como medios de cambio.
Cuando equivocadamente las UF son utilizadas de esta manera, producen distorsiones, como la que estamos viendo en nuestra despaturrada economía. En otras palabras, si la ciudadanía hiciera caso a las autoridades financieras y monetarias, y cambiara, por ejemplo, alrededor de 3.000 millones de dólares en UFV, el Banco Central de Bolivia tendría que pagar por el costo financiero de esta transformación, que alcanzaría a alrededor de 660 millones de dólares anuales, si se considera la actual inflación del 14 por ciento. Y ¿qué significa eso? Significa echar gasolina al fuego aumentando la inflación.
Por lo tanto, es importante que las autoridades financieras y monetarias reflexionen sobre sus disposiciones respecto a las UFV. Por otra parte, éstas deben tener mucho cuidado en alentar o desalentar la desdolarización de la economía y, lo que es más importante, revisar su política cambiaria de apreciación —que técnicamente nadie la discute— evaluando la conveniencia de llevarla a cabo o no, tomado en cuenta que sus efectos pueden ser sumamente negativos sobre la producción y, principalmente, sobre las exportaciones.
*Juan L. Cariaga es economista y escritor.
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