La división política ha corroído la institucionalidad de la Prefectura de Chuquisaca, que actualmente se encuentra sin rumbo y virtualmente paralizada por una crisis en la que el Consejo Departamental desconoce al prefecto interino Ariel Iriarte, quien a su vez pretende reemplazarlos por conclusión de mandado. Este panorama perjudica el desempeño del gobierno departamental.
Hasta hace una semana, el Consejo Departamental se encontraba dividido, con un grupo trabajando en la ciudad y otro junto a Iriarte en las provincias.
Las oficinas centrales fueron reabiertas recién a mediados de la anterior semana, pero de inmediato el Comité Interinstitucional demandó al Gobierno la sustitución inmediata de Iriarte por una autoridad de consenso, hasta que se realice la elección de prefecto el 29 de junio.
Según datos del Consejo Departamental, la ejecución presupuestaria del 2007 no llegó ni al 50%. Esta instancia legislativa rechazó el informe preliminar de Iriarte, presentado a fines de enero. Actualmente, no hay datos oficiales de la ejecución del 2007.
Según el consejero Juan Michel, la ejecución presupuestaria es mala. “Estoy seguro de que en algunas partidas los gastos son normales, como el Grupo 100, referido a sueldos y salarios, además del pago de combustible y viáticos”, señaló. Dijo que en los demás rubros, como infraestructura y desarrollo productivo, los niveles “son muy bajos”.
En marzo, Iriarte decidió gobernar desde la provincia Zudáñez, pero dirigentes cívicos y autoridades de ese municipio le cerraron las puertas y se trasladó a Monteagudo, donde también fracasó su intento de sesionar.
En su tercer intento, Iriarte reunió a seis de los 15 consejeros con quienes aprobó el presupuesto de Bs 4.000.000 para garantizar la realización del referéndum autonómico que no tiene fecha para su convocatoria.
Michel denunció que la Prefectura usa recursos no presupuestados para la difusión del nuevo texto de la Constitución Política del Estado aprobado en Oruro y que es rechazado por el Comité Interinstitucional. “En conclusión, podemos decir que la política está influyendo negativamente en la ejecución de las obras en el departamento”, dijo.
El coordinador del Consejo, Demetrio Daza, ligado a Iriarte y al MAS, reconoció que la división de los consejeros no permite cumplir con los objetivos del gobierno departamental. “Si no hay informes de comisiones, no hay resoluciones, y si no hay resoluciones, no hay actividad”.
Alertó que esta crisis puede derivar en el congelamiento de los cuentas fiscales e, incluso, en el pago de multas a las empresas que tienen contratos.