Pillaje y destrucción
Luis Eduardo Siles*

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Dominada como está la expectativa pública por lo que ocurrirá el 4 de mayo en Santa Cruz, pocos parecen advertir algunas de las acciones oficialistas en el ámbito económico y de la administración de los recursos.

Sin el alboroto con el que suele acompañar sus actos, sentándose en la ley, el Gobierno ha emitido un decreto que obliga al Banco Central de Bolivia a transferirle 600 millones de dólares en un ´crédito´ a 30 años, sin la documentación que respalde la negociabilidad de los recursos, con el fin de supuestamente apoyar la producción. Los gastos estatales hasta la fecha en materia de producción incluyen, entre otros, fábricas de cartón que no cubren sus costos, líneas aéreas con empleados pero sin aviones, y la compra de alimentos en el extranjero para perjudicar a los productores locales.

En un acto de cinismo que contradice su supuesta ideología, siempre mediante el unilateral mecanismo del decreto, el Presidente de la República ha autorizado que la ´refundación´ de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la administración de la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) se haga permitiéndoles contratar bienes y servicios sin licitación, mediante una base de datos ´cerrada´ sin respetar la ley Safco, ni elementales principios de transparencia y rendición de cuentas.

Las cabezas de las empresas —ambas cuestionadas por diferentes indicios de corrupción mayor— han recibido atribuciones omnímodas, en exceso de las que disponen quienes administran empresas incluso privadas, intentándose ubicarlas por encima de la leyes del Estado boliviano.

Paralelamente a esta institucionalización de la ilegalidad y del pillaje de los recursos públicos, el Gobierno sigue empeñado en el abuso de la autoridad formal que aún posee, para consolidar la destrucción del aparato productivo, agrediendo irracionalmente a la industria de la soya, del aceite, de la carne y amenazando a la de la minería, la madera y otras como la industria textil, condenada a negociar la ampliación de un tratado de preferencias arancelarias con un gobierno que se deshace en insultos hacia su interlocutor.

Simultáneamente al aumento del gasto corriente estatal en más del 100 por ciento, a la duplicación de la deuda interna y al incremento de la deuda externa, incluido la que se empieza a tener con Venezuela, lleva a cabo una política de apreciación de la moneda que no sólo penaliza las exportaciones, sino que fomenta el contrabando. Los importadores de ropa usada, los productores de la hoja de coca, los exportadores de narcóticos y los que trafican con personas, pueden estar tranquilos ya que la gestión ha hecho todo para fomentar su actividad.

Con o sin autonomía, con o sin nueva Constitución Política del Estado, las secuelas de estos desaciertos descomunales en política económica, por el momento camuflados en sus consecuencias por la coyuntura internacional, serán absolutamente devastadoras para la economía nacional en el mediano plazo. Sus víctimas serán todos, pero especialmente los más pobres, y le tomará tiempo al país revertir los efectos de esta alevosa irresponsabilidad.

*Luis Eduardo Siles
es politólogo.