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Según el presidente de la Comisión de Política Social de la Cámara Baja, Guillermo Mendoza Avilés (UN), el objetivo es que el Poder Ejecutivo “destine recursos económicos para la atención gratuita del servicio de diálisis y hemodiálisis en Bolivia”.

El viceministro de Salud, Luis Alberto Nogales, explicó que la solicitud permitiría impulsar la aprobación de una ley que cree un sistema mediante el cual el Estado destine recursos para la atención gratuita de los servicios de diálisis y hemodiálisis en el territorio nacional.

“El tratamiento de estas enfermedades es muy costoso y largo. Con la declaratoria de ‘desastre’ podemos impulsar una ley de la república para que diseñe un sistema que facilite la atención a las personas de bajos recursos”, arguyó Nogales.

Según datos del Ministerio de Salud, actualmente existen, en todo el país, cerca de mil personas que requieren de diálisis y hemodiálisis periódicamente.

Nogales indicó que, además, se buscará la formulación de políticas que ayuden a la prevención de esta enfermedad.

La autoridad explicó que la diálisis (la limpieza de la sangre a través de máquinas) y el trasplante renal son las dos formas de atender a los pacientes.

Respecto a la diálisis peritoneal y a la hemodiálisis, Nogales señaló que los costos son muy elevados, requiriendo que el paciente invierta alrededor de 840 dólares por mes de tratamiento.

Sobre el trasplante renal, dijo que es lo más indicado pero “poco accesible” y también requiere del consumo de medicamentos que “son muy caros y que el afectado debe tomar de por vida”.