El Gobierno confirmó, tras la firma de un convenio el 4 de marzo, el apoyo de la Unión Europea (UE), con 10 millones de euros, para el control social de la producción de coca.
Según un boletín de la UE, este proyecto “apoya a la racionalización de los cultivos mediante mecanismos de control social. Está dirigido a fortalecer las organizaciones sociales de las zonas de producción de coca para que puedan ejercer acciones que lleven a controlar los cultivos de sus afiliados y racionalizar, mediante mecanismos concertados y sin violencia, la superficie de coca a las metas establecidas en la nueva estrategia de lucha contra el narcotráfico”.
Paralelamente, pero con una inversión mayor, la UE financia 26 millones de euros “para el desarrollo económico y social de las áreas de producción de coca, las zonas expulsoras de mano de obra y las zonas de riesgo, constituidas por los parques nacionales y áreas protegidas, donde se observa últimamente un aumento en los cultivos de coca”, señala el comunicado de la UE.
Estos dos convenios tienen como paraguas al suscrito en diciembre del 2007 para la realización del “estudio integral de la hoja de coca en Bolivia”, que tiene el objetivo “de generar una base científica y técnica sobre la realidad de la hoja en Bolivia, cuyos resultados podrían ser utilizados por el Gobierno para adaptar el marco jurídico de esta temática”. Los cocaleros del Chapare obtuvieron el cato (extensión de 40x40 metros), mientras se realizaba este estudio que debía medir la cantidad de coca para el consumo tradicional.