La Fiscalía no citó a nadie por desfalco del Batallón IRREGULARIDADES • Un jefe policial dijo que recibió el informe de auditoría y luego derivó las observaciones a las instancias observadas.
EN LA REUNIÓN • Dirigentes de Seguridad Física sostuvieron ayer un encuentro con la Policía, un diputado y el Defensor.
El fiscal Alberto Villegas, quien recibió la denuncia sobre el desvío irregular de al menos 13 millones de bolivianos del Batallón de Seguridad Física Privada (BSFP) en las gestiones 2000, 2001 y 2002, aseguró ayer que sólo se imputó a tres o cuatro personas civiles y policías de bajo rango, quienes no fueron llamados a declarar ni tampoco fueron encontrados para procesarlos.
“Lo único que tenemos es que estas personas nunca pudieron ser encontradas, se ha colectado facturas y se las mandó al Comando General, éste lo ha remitido a la Contraloría y ahí es donde se quedó el tema de la auditoría (...) Se hizo incluso unas imputaciones en contra de esas cinco personas, pero son funcionarios civiles y ninguno de jerarquía", aseveró Villegas.
Explicó que lo que había que hacer era “un aspecto contable, cuánto se adeuda, qué es lo que se adeuda para establecer el tipo de delito, porque es la Contraloría la que sugiere, más allá no se puede hacer".
Sin embargo, fuentes de la Fiscalía afirmaron que la Contraloría se encarga de responsabilidad administrativa y ejecutiva, no así de penal como es el presente caso. “El Comando General debería denunciar al Ministerio Público y éste debería haber imputado o rechazado la denuncia".
Villegas, por su parte, manifestó que se pidió un informe de auditoría al Comando General, “pero hubo una auditoría que hizo (la Policía) y manifestó que no pudo concluirla porque no tiene los elementos necesarios".
Sin embargo, complementó que hasta el jueves tendría un detalle del caso para esclarecer de mejor manera esa denuncia.
Por otro lado, el que fue director del BSFP el 2003, general Jorge Espinoza, recibió el mismo año un informe de auditoría de Bedoya & Asociados sobre las irregularidades económicas.
“Lo que dice la norma es que nosotros debemos hacer conocer a las instancias correspondientes (áreas observadas) y ordenar que se haga un seguimiento de las observaciones", afirmó Espinoza.
Se le consultó que si el informe de Bedoya & Asociados revela un desvío irregular de al menos Bs 13 millones, por qué no se inició un proceso penal. El general Espinoza respondió que “no sé si estamos hablando de la misma auditoría. Hay dos auditorías, una la administrativa y posteriormente de ello nace una nueva auditoría".
Explicó que la norma indica que “cuando son responsabilidades penales obviamente tienen que seguir su curso y cuando hay una responsabilidad administrativa esto pasa a conocimiento de la Contraloría, y en base a eso recién se puede continuar con el proceso correspondiente".
Aseveró que su autoridad hizo la denuncia correspondiente sobre malos manejos; sin embargo, afirmó que no recuerda con precisión qué caso específico se le consultó. Anunció que recolectará los documentos necesarios y sostendrá una reunión con gente que trabajaba el 2003 con él para brindar mayores detalles.