Se deroga el 21060, el precio justo
Armando Méndez Morales

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La declaración pasó bastante desapercibida, pero el Vicepresidente de la República, al momento de justificar la disposición de prohibir la exportación de aceites y de otros productos, con claridad, dijo que esas medidas se dirigían a derogar el DS 21060. Y en verdad, en esto, fue preciso y sincero. Pero no dijo que esto es un verdadero atentado a toda la cadena productiva del departamento de Santa Cruz, que de hacerse efectiva tendrá funestas consecuencias económicas con sus secuelas políticas. Otra medida que perfora ese famoso decreto es que el país ha incrementado sus aranceles para la importación ante el cómplice silencio de las organizaciones empresariales privadas, cuando no su disimulado y equivocado apoyo.

No siempre la gente se percata de que uno de los aspectos medulares de la disposición citada fue que Bolivia decidió integrarse al comercio mundial. Hasta antes regía en el país una pesada política arancelaria que se basaba en múltiples y diferenciados aranceles, y en licencias y cuotas de importación. Algunos eran tan elevados que se constituían en encubiertas prohibiciones de importación. No había trabas a las exportaciones porque no teníamos nada que vender al mundo, a no ser las eternas materias primas. Mientras tanto, como ya es normal, el contrabando se encargaba de perforar esa irracional política arancelaria y por eso los mercados bolivianos siempre estaban llenos de productos extranjeros. La política estatal buscaba una economía cerrada, pero tercamente los mercados imponían el libre comercio internacional.

Los otros dos elementos centrales fueron la liberación de precios y la entrega de la competencia de la determinación del tipo de cambio al Banco Central, que hasta ese entonces se manejaba con criterios políticos en el seno del Poder Ejecutivo. Bolivia, como muchos países, equivocadamente había implementado una política de control de precios creyendo que de esa manera se podía combatir con éxito a la inflación. El tiempo se encargó de desmentir y establecer que lo único que se lograba era mantener una ´inflación reprimida´, con todas sus perniciosas consecuencias de especulación y mercados negros.

Es cierto que la libertad de precios nunca se cumplió plenamente. Están los casos paradigmáticos del precio del diesel, del gas y de la gasolina que no se mantuvieron a niveles determinados por los mercados sino siempre por debajo, por disposición gubernamental y como consecuencia de la imposición de intereses privados sobre los gobiernos de turno, y por temor de enfrentar a los movimientos sociales y desconocer la realidad económica que indica que los precios relativos no son fijos sino variables según el comportamiento de los mercados.

Hoy, ningún gobierno se animará a colocar esos precios a nivel real de mercado, por la sencilla razón de que están ubicados en un tercio de lo que deberían estar. En lugar de haber mantenido una política de continuos aumentos de los precios de estos productos, de la misma manera como el Banco Central hacía con relación al tipo de cambio hasta mediados del año 2005, prefirió mantenerlos fijos artificialmente. Si el Gobierno se animase a sincerar abruptamente estos fundamentales precios, provocaría un shock que impulsaría la inflación hacia arriba, creando un descontento generalizado en su contra. Por esto, esta errada política continuará con todos sus perniciosos efectos.

Para salir del entuerto en el que se metió el Gobierno al prohibir la exportación de aceite, mediante el DS 29524, en lugar de aprender de la experiencia acaba de fijar para el mercado interno el precio del litro de aceite envasado en un rango que va desde un mínimo de Bs 10,50 a Bs 12,99 y de Bs 8,50 a Bs 10,90 a granel, bajo el argumento medieval del ´precio justo´. ¿Tendrá la capacidad operativa de llevar a la práctica esta medida que se busca imponer a unos atribulados productores a cambio de seguir exportando? ¿Cuál será el costo de hacerlo? ¿Si existe el precio justo, no habrá la guerra justa?

El tiempo demostrará que esta medida, de cumplirse, paulatinamente generará escasez de aceite y la gente optará por comprar de su ´caserito´ a un precio mayor para asegurarse la tenencia del producto. Saldrá por contrabando. Y, en la medida en que se logre mantener este precio artificialmente bajo, se incorporará un precio más a la lista de precios fijados como son los del diesel, el gas y la gasolina.

Pero, en algún momento se tendrán que sincerar, con todos los costos sociales que ello signifique, si se quiere mejorar la asignación de recursos y, con ello, el crecimiento económico de largo plazo.

Si el Gobierno se animase a sincerar abruptamente estos fundamentales precios, provocaría un shock que impulsaría la inflación hacia arriba.

*Armando Méndez M.
es ex presidente del Banco Central de Bolivia.