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“Hemos de retomar las acciones. Vamos a investigar hasta llegar a los responsables y sancionarlos como corresponda”, aseguró el viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, al reconocer que hay un informe de auditoría de la Contraloría General de la República “que reflejaría malos manejos en un monto de 13 millones de bolivianos”. Este anuncio lo hizo en conferencia de prensa junto al general Gonzalo Viscarra, Inspector de la Policía, para informar sobre el acuerdo al que se llegó el lunes con los policías del Batallón de Seguridad.

El referido informe es una auditoría especial de ingresos y egresos desarrollada el año 2003 por la empresa Bedoya & Asociados en la que se concluye que en esos tres años en la institución no se emitió facturas por más de Bs 10 millones y que se anularon documentos fiscales por unos Bs 3 millones. Los fondos habrían sido desviados a cuentas personales, según una investigación policial.

El Viceministro de Régimen Interior advirtió también que se seguirán procesos a los actos de indisciplina en los que habrían incurrido los miembros del Batallón de Seguridad Física, después del 18 de marzo del 2008, cuando se llegó al acuerdo.

“Además de ello existen algunos procesos que se han iniciado por los padres de familia de la escuela Cuba, eso no puede estar sujeto a ningún tipo de negociación porque son acciones denunciadas ante el Ministerio Público ”, advirtió Gamarra.

El acuerdo final entre la Policía, el Ministerio de Gobierno y los efectivos del BSFP establece que todos los beneficios, salarios y demás dineros que perciben los guardias saldrán de los recursos propios que ellos generan.

Se les reconoce un incentivo de 100 bolivianos “y se tiene la perspectiva de llegar al monto similar del bono de seguridad ciudadana, en tanto permitan los recursos que los batallones generen”, explicó Gamarra.

Además, cada tres meses una comisión conjunta evaluará en cuánto se pueden incrementar los ingresos de los efectivos.