Desentrañando "la pregunta"
María Teresa Zegada*

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La pregunta planteada por la Asamblea Provisional Autonómica para la consulta del 4 de mayo en el departamento de Santa Cruz dice: ´¿Decide usted la ratificación y puesta en vigencia del Estatuto, aprobado en fecha 15 de diciembre de 2007, por la Asamblea Provisional Autonómica, para que de manera inmediata se constituya en la norma institucional básica del departamento y sea de cumplimiento obligatorio para todos los que habitan y ejercen la función pública en el departamento?´. Este texto contiene elementos en los que vale la pena detenerse.

Existen al menos dos dimensiones críticas en la pregunta. La primera referida a convertir la propuesta de Estatuto en ´norma institucional básica del departamento´, y que adquiere carácter autónomo en tanto se independiza del marco legal nacional en que no se consignan regímenes autonómicos. Este hecho, por una parte, inviabiliza su aplicación legal, pero por otra, abre la posibilidad de la creación de una suerte de ´dualidad de poderes´, pues estaría otorgando a la región de una legislación propia —legitimada por el voto— y estableciendo una relación autónoma entre territorio, población y poder político.

Una segunda dimensión crítica está referida a la ´aplicación inmediata´ del Estatuto y al carácter vinculante de sus resultados para ´todos´ los habitantes de ese territorio así como para quienes ejercen función pública. Evidentemente, en la actual estructura organizativa del Estado no cabe la posibilidad de un ejercicio autónomo por parte de los funcionarios públicos, porque no se trata de una decisión unilateral, y menos una obligatoriedad ni total ni parcial para la población.

No obstante, si sumamos al contenido de la pregunta los resultados de las recientes encuestas registrados en las últimas semanas en cuatro ciudades, en que la población expresa su posición favorable a las autonomías —aunque las posiciones son muy polémicas en relación con la consulta del 4 de mayo—, y considerando que Santa Cruz se podría convertir en un precedente importante en relación con los otros departamentos que siguen el mismo camino, evidentemente el escenario adquiere un carácter crítico y alcance nacional. Por supuesto que en los hechos se trata solamente de un paso más en la estrategia cívico/regional de alcanzar la autonomía, pues por los aspectos señalados no es posible su aplicación legal.

Justamente, estas connotaciones del referéndum han puesto nervioso al Gobierno central, que ha ensayado varias estrategias para intentar frenar el proceso: la denuncia de la ilegalidad e inconstitucionalidad de la consulta, su escasa legitimidad porque no es producto de la participación de la población sino de una élite que pretende mantener sus privilegios, concebir la consulta como una mera encuesta, promover la abstención ciudadana, o finalmente denunciar el posible fraude que podría montarse en torno a sus resultados, entremedio del conjunto de amenazas de distintos movimientos sociales vinculados al Gobierno de impedir el voto por la fuerza. En todo caso, con este hecho, se mueven las piezas de un complejo tablero de posibles negociaciones que llena de incertidumbres el futuro diálogo y la esperada salida concertada a la crisis.

*María Teresa Zegada
es socióloga.