El boomeran revolucionario
Gonzalo Chávez A.*

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La encarnizada lucha política por el poder entre el Gobierno nacional y la oposición regional ha subalternizado a las políticas públicas. Éstas se han convertido en meros peones para infligir daño al enemigo en el ajedrez que se juega sobre la wiphala. Las acciones públicas sólo buscan debilitar al adversario y no son instrumentos para combatir la pobreza o generar desarrollo. Es el caso del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), el combate a la inflación, la prohibición de exportación de aceite, los subsidios al diesel y el corte de los recursos del TGN al departamento de Santa Cruz. Dado que la lucha de clases recién desembarcó en Bolivia, todo vale en este máscara contra pelo. Entran en el cuadrilátero los neoautonomistas del Gobierno. En realidad, son los aprendices de yatiris a los cuales la milluchada se le vuelve en su contra. Practican con fervor notable el lanzamiento del boomeran (un arma de origen australiano que tras ser lanzada regresa a su punto de origen) revolucionario.

A través de la nueva Ley de Hidrocarburos se realizó una distribución del IDH entre los diversos departamentos y municipios. De manera unilateral, el gobierno del presidente Morales utilizó parte de estos recursos para pagar la Renta Dignidad, un coñichi del Bonosol algo mejorado. La decisión dejó a los departamentos productores de gas natural y petróleo con menos recursos para realizar políticas públicas en sus regiones. Esta redistribución de IDH fue uno de los temas que más tensión ocasionó entre el Gobierno central y la oposición regional; esta última sostuvo que la medida era de orden político porque busca reducir el poder de acción de las prefecturas. Los recursos del gas, que debían ayudar a implementar una nueva generación de políticas públicas para realizar una revolución social y productiva, se convirtieron en un arma para doblegar a los enemigos políticos. La decisión tuvo el efecto contrario, aceleró el proceso autonómico. El boomeran volvió mas rápido que inmediatamente.

En los últimos meses, la inflación en Bolivia ha aumentado por varias razones: choques de oferta asociados a problemas climáticos, aumento mundial del precio de los alimentos, presiones de demanda, avivamiento de las expectativas inflacionarias, aumento de costos, falta de coordinación entre las políticas monetarias y fiscales, para mencionar las causas más importantes. Nada de eso importa. En champa guerra, el Gobierno central responsabiliza a la agroindustria cruceña de la cadena de la soya y el girasol de aumentar el precio del aceite con fines especulativos y de desestabilizar la administración del presidente Morales. En la propaganda oficial, ésta es la única causa de la inflación; nada se dice de la oligarquía del tomate, cuyo producto fue el que más subió de precio en marzo. Menos aún se mencionan los desaciertos macroeconómicos gubernamentales. Como respuesta al aumento del aceite, el Gobierno prohibió la exportación de este producto para obligar a los productores nacionales a abastecer el mercado interno. Esta decisión le causó serios conflictos con los productores de aceite y todos los agentes económicos que están en la cadena del producto. En un segundo momento, la prohibición gubernamental fue sustituida por un sistema de cuotas que también es resistido por el sector empresarial. En la región de Santa Cruz se ven estas medidas como parte de una guerra económica para debilitar el apoyo empresarial a la causa autonómica. Los instrumentos de combate a la inflación se convierten en agudas lanzas para sangrar al oponente; pero, al final del día, estas acciones tienen el efecto contrario, les proporcionan bases sociales a los empresarios: ahora pequeños productores, transportistas, trabajadores se suman a la causa autonómica. El boomeran volvió y les dio en plena napia.

El subsidio al diesel es otro de los temas que se ha sobrepolitizado en los últimos días. El Gobierno sostiene que la ayuda al sector agroindustrial llega a los 200 millones de dólares y que éste es malagradecido. Le replican que el subsidio no llega a los 80 millones y que este soporte ayuda a crear 300 mil empleos. En el momento de mayor tensión con empresarios cruceños, se amenaza con levantar la ayuda gubernamental. También se advierte con nacionalizar las empresas aceiteras, si éstas no bajan sus precios para el mercado interno. Más leña al fuego autonomista. Agacharse compañeritos, ahí viene el boomeran, ¡achichiu!

La última medida del Gobierno de congelar las cuentas del departamento de Santa Cruz en el TGN confirma un raro talento para meter la pata. Amparado en un dudoso tecnicismo financiero e informático, y sacando a relucir un angelical legalismo, se usa el corte de recursos para parar el referéndum, y lo que en realidad se logra es dar un último impulso a la odiada causa autonómica. ¡Qué sentido de oportunidad! Una vez que la Prefectura se ha reconectado al sistema del Ministerio de Hacienda, se acabó el pretexto, pero el favor político del oficialismo a las autonomías perdura. Éste es otro boomeran gigante, así que: pongan el pechito de bronce, jóvenes de Hacienda, ya viene otro palazo.

En suma, en la champa guerra donde últimamente el Gobierno tomó la iniciativa, los instrumentos de políticas públicas son convertidas en dizque armas letales, que al final dañan más al Gobierno que al oponente, y funden al país.

*Gonzalo Chávez A.
es economista.
chavezbol@hotmail.com