Frente a la falsa “razón de Estado”
Carlos D. Mesa Gisbert*

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Parecería “políticamente correcto” mantener posiciones neutras en un momento en que la sociedad boliviana enfrenta tensiones tan dramáticas, para así evitar compromisos excesivos con una y otra parte. Pero ya no es posible darse el lujo de hacer lo “políticamente correcto” en estos tiempos de tribulación en los que la nación parece conducida al desastre.

No es —y me parece un apunte fundamental— una visión de catástrofe, de día “D”, de Apocalipsis, es quizás algo peor si cabe, un desangramiento permanente que no se detiene desde hace ya ocho largos años y que se acerca a un punto de ruptura, no por la vía de la guerra sangrienta, sino por la conciencia colectiva de que hay algo que no funciona, que está más allá de nuestra mente comprender. Esa lectura conduce a la idea de que el país no tiene viabilidad, que tenían razón aquellos agoreros del “Estado fallido”. Y por supuesto que eso no es verdad, por supuesto que Bolivia es viable, tuvo, tiene y tendrá sentido siempre. Es eso lo que hoy debemos cuestionar de los dos polos de poder ciego, cada día más irracional, cada día más fuera de la realidad, que nos conducen a una colisión innecesaria e injusta.

En un momento dado pensamos que la naturaleza de la confrontación entre Gobierno y regiones nos demandaba un alineamiento político, más allá de cualquier consideración jurídica. La situación, nos dijeron, importa una “razón de Estado” pues confronta dos visiones de país, de política y de construcción de país. La formalidad jurídica ha sido superada en ese contexto. Y estuvimos a punto de creer que, en el momento del “todo o nada”, sólo es posible el alineamiento. Lo que es posible es decir con fuerza y en voz alta ¡No! a ese falso dilema basado en la suplantación de la voluntad popular a través de un uso manipulado e intencionado de la “verdad”.

La razón por la que estamos llegando al abismo es porque, como siempre, las grandes ideas, las utopías (arcaicas, algunas de ellas), las causas populares, la demanda de modernidad, parecerían justificarlo todo. La vieja tesis de que la violencia es la gran partera de la Historia seduce a quienes la formulan, sobre el supuesto de que la ejercerán y saldrán indemnes y triunfadores. Esas frases grandilocuentes disfrazan una irresponsabilidad inaceptable, un ejercicio de poder ilimitado, ambiciones personales o teorías basadas en hacer harina a los demás.

Fue la ruptura flagrante y descarada que hizo el Gobierno del respeto a los dos tercios en la Asamblea Constituyente y sus sucesivas vulneraciones de la Constitución, la que nos llevó a esta respuesta anticonstitucional y flagrantemente ilegal del referéndum sobre el Estatuto Autonómico. Quizás después del 4 de mayo se pueda negociar y se pueda llegar a un acuerdo nacional que recupere la racionalidad en esta sociedad tan injustamente castigada, pero aunque así fuera, no podemos pasar por alto y justificar este tensionamiento que pone al país al borde de la ruptura, del quiebre de toda institucionalidad, de la pulverización de nuestras instituciones, de un caos al que estamos próximos otra vez. Siempre será mejor pecar por supuesta debilidad que pecar por la soberbia de la imposición de hegemonías imposibles y de revoluciones inaceptables en democracia, como no sea a través de la discrecionalidad, la arbitrariedad y la violencia.

Tenemos razón para clamar por la recuperación del estado de derecho, por la reconstrucción de los árbitros: Tribunal Constitucional y Corte Electoral, por el respeto al otro, entendiendo el otro como individuo y como región. Esta guerra demencial de acciones que violan la ley, de acción-reacción y de que por el hecho de que uno rompe la ley, todos podemos romperla, nos lleva al desastre. Aquí no caben matices. El primer responsable de este desbarajuste es el Presidente y el Gobierno, que promulgaron una ley para cambiar el país a través de una nueva Constitución y, cuando vieron que esa ley frenaba la posibilidad de imponer la Carta Magna a su imagen y semejanza, no dudaron en pisotearla y negarla. Si no entendemos ese pecado original, iremos a lo fácil, echarle culpas a las partes por igual.

El poder cruceño rompe la Constitución y eso es también imperdonable y además hace una apuesta política que en el mediano plazo será de alto costo para la región y para el país entero. Eso tampoco puede pasarse por alto. Lo que hoy vive Bolivia no es democracia, es el camino suicida a la disolución de la vía civilizada, haya o no violencia en gran magnitud, y los ciudadanos tenemos el deber de decir que las cabezas del poder están actuando con gran irresponsabilidad y están contribuyendo a hundir nuestra sociedad, que tendrá que pagar una altísima factura para recomponerse con un mínimo de sensatez.

La Constitución no sólo es cuestionable en sus contenidos, sino que ha sido aprobada burlando la voluntad popular. Los estatutos no sólo son cuestionables en sus contenidos, sino que serán votados rompiendo la esencia de la Constitución vigente.

Hoy, la Patria demanda una palabra que no conceda ni agrade, una palabra que intente desnudar este drama que se parece a un mal sainete. El sainete, sin embargo, involucra a diez millones de seres humanos zarandeados por los poderosos que compiten por los pedazos y los jirones a costa del todo. Hoy, las regiones (Santa Cruz en particular) deben mostrar con claridad cuál es el proyecto de defensa de intereses que está detrás del referéndum y quiénes son los verdaderos ideólogos de ese proyecto (más allá de la incuestionable legitimidad de la propuesta autonómica). Hoy el Presidente debe recordar que él pateó el tablero de la ley, descabezó el Tribunal Constitucional e inviabilizó la Corte Nacional Electoral (más allá de la legitimidad de las ideas de cambio e inclusión real). Si quiere recuperar fuerza moral en su palabra contra el referéndum, debiera empezar por enmendar sin matices todos los excesos contra una democracia de la que es heredero. El país le dio un cheque en blanco para reconstruir lo mal cimentado, no para pulverizar lo bien construido.

*Carlos D. Mesa G.
es ex presidente de Bolivia, periodista, historiador y político.