Autonomías: convivencia posible
Eduardo Rodríguez Veltzé*

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Si las proclamas y principios contenidos en los proyectos de Constitución y de Estatuto Autonómico del departamento de Santa Cruz reflejaran genuina y unánimemente los sentimientos de quienes, por la fuerza de la historia y la geografía, compartimos el territorio boliviano, no tendríamos mayor razón para sostener los conflictos que hoy nos enfrentan.

En ambos instrumentos se invocan conceptos como: pluralidad, sociedad justa, armonía, unidad del país, Estado pacifista, cultura de paz, vocación democrática, derecho a la autonomía, hermandad, solidaridad, control social, etc. que, por ahora, son sólo expresiones retóricas.

El desafecto por el diálogo y la construcción de consensos precipitó el fracaso del proceso constituyente y, como consecuencia, las aspiraciones se reducen a estos textos cuya aprobación será mutua e indefinidamente recriminada, y que en lo práctico resultan incompatibles y poco funcionales. Aún así, comparten varias aspiraciones comunes que pueden ser la base para formular una ecuación equilibrada.

El principio de autonomía es inseparable al de unidad; sólo podrá existir una autonomía si está unida a un Estado central que la reconoce, que cuenta con un modelo de ordenamiento territorial, con disposiciones sobre la tierra y el territorio, idealmente forjado a partir de su realidad, del examen de los procesos y experiencias cumplidas y visiones del mayor consenso posible.

Llama la atención que los proyectos de Constitución y de Estatuto sean incompatibles en el tratamiento del recurso tierra. Cada instrumento lo consigna como atribución “exclusiva” y define, en el primer caso, que el Presidente de la República, como “autoridad máxima” del Servicio Boliviano de Reforma Agraria, otorga los títulos ejecutoriales de distribución de tierras, y en el segundo, esta competencia corresponde al Gobernador del departamento.

No es un tema menor, el ordenamiento jurídico vigente responde a importantes procesos de recuperación, ordenamiento, distribución y titulación de la tierra por el Estado central, antecedentes que simplemente no pueden desaparecer ni modificarse sin contravenir la legalidad y afectar la seguridad jurídica de todos.

La oportunidad está abierta para lograr un esquema más compatible y funcional, garante de principios constitucionales en relación al derecho de propiedad, al uso y distribución racional de tierras fiscales, al margen de cualquier interferencia particular o política. Al efecto, parece oportuno alentar una conducción institucional colectiva del Servicio de Reforma Agraria, liberando al Presidente de ostentar una “autoridad” simbólica, que lo expone innecesariamente a atender todas las reclamaciones y demandas propias del sistema y lo obliga a firmar cada uno de los títulos ejecutoriales. Noción y práctica introducida en el pasado con nítidos móviles políticos, que fue y sigue siendo sistemáticamente aprovechada para propósitos clientelistas. No tiene justificación alguna atribuir al Presidente la obligación de firmar decenas de miles de títulos agrarios, ni tampoco retardar su entrega a los ciudadanos o comunidades hasta que los firme o se programen los acontecimientos de festejo para tomar ventaja política de la ocasión.

El territorio de la actual República sufrió innumerables transformaciones a través del tiempo; también cambió la conformación social, cultural, étnica y espiritual de sus moradores. Más de cinco siglos no pasaron en vano, las comunidades y naciones indígenas originarias y campesinas, en distintas intensidades, absorbieron las nuevas culturas, sobrevino la migración externa e interna, surgió y se expandió el mestizaje. Con la República se alentaron valores comunes que, pese a la diversidad, compartimos en la nación o la patria boliviana, valores que son la soldadura que todavía nos mantiene unidos. El desafío está en preservarlos, en evitar toda discriminación, en alentar un tratamiento justo y equilibrado en la distribución de la tierra y el territorio, desde la eliminación de latifundios improductivos hasta aquella que manipula visiones historicistas retrospectivas, que pretenden convertir etapas superadas en protagonistas centrales de preocupaciones modernas.

Debemos ser capaces, y aún estamos a tiempo, de forjar mejores y mayores acuerdos que, salvando obsesiones ideológicas o localistas, correspondan con los valores democráticos comunes que se invocan por todos.

*Eduardo Rodríguez V.
es ex presidente de la República.