El Cardenal y el padrecito
Gonzalo Mendieta Romero*

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Una frase del Cardenal sembró tolvanera estos días. Luego, Xavier Albó defendió la hipérbole para la que esclavismo es, finalmente, un modo de servidumbre.

Esclavo es también, en verdad, según el diccionario: ´sometido rigurosamente o fuertemente a alguien o a algo´. Si tal es la definición útil, el Estado tendrá difícil tarea, pues el mismo librito pone ejemplos de esa acepción: ´Esclavo de su palabra, de la ambición, de la envidia´, con lo que el viceministro Almaraz verá extendido su trabajo de forma impensada. Y así, librará de faltas a gente menos desventurada que los guaraníes del Chaco, porque son igualmente, en buenas cuentas, esclavos.

No queda clara, empero, la técnica que utilizará para rescatar a los esclavos de su lengua o del ego, aunque ciertamente será más sencillo e ideológicamente coherente salvar a los esclavos del dinero. Unas cuadrillas de policías no serían igualmente efectivas para los cautivos del verbo, ni para los de la vanidad. La labor, en tal caso, estaría mejor atribuida a un pastor que a un servidor público. No se trata, sin embargo, de que haya más esclavos para que las opciones de ministerio crezcan.

Otro modo de legitimar la amplificación de la noción de esclavitud, para Xavier, ha sido el archivístico. Encontró una Carta Pastoral en que los obispos convalidan lo que el Cardenal criticó. Es un buen punto para ganar un debate, pero no necesariamente para tener razón. Que los obispos también emplearan así el concepto, no lo hace veraz, salvo que se trate de un caso de ciega obediencia a la autoridad. Dos errores no hacen un acierto.

Después, el P. Albó, apela a la ley internacional: si Naciones Unidas dice, caso cerrado. Esta fórmula, si válida, debe ser generalizable, por lo que entonces tenemos que llamar estupefaciente a la coca, y cumplir, ufanos, con la Convención de Naciones Unidas, al mejor rito de un zar antidroga. Y ya que estamos en el plano legislativo, en el Código Penal Banzer, la esclavitud o el estado análogo se penalizan por igual. Sólo faltaría saber qué entienden los jueces por ´estado análogo´ y tragar las demás proezas de esa norma, como sancionar con prisión de hasta cinco años a quien promueva una huelga ilegal.

Dilatado el uso del término ´esclavitud´, faltaría saber si sólo la perseguimos en Cordillera. Porque Rolando Jordán dice (octubre 2006/Los Tiempos) que ´en las cooperativas mineras existen ´patronos´ que subcontratan mujeres y niños, y los hacen trabajar en condiciones de esclavitud y pobreza extrema´. ¿Reclamamos porque el proyecto de Constitución, aprobado en Oruro, les da privilegios a las cooperativas mineras, esclavistas y no (Disposición transitoria octava), o universalizamos tales canonjías, incluyendo a los terratenientes de Cordillera, esclavistas y no? ¿Qué hacemos, tata?

*Gonzalo Mendieta R.
es abogado.