Autonomías en Bolivia
Ramiro Prudencio Lizón*

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Este fin de semana se llevará a cabo el referéndum para establecer un régimen autonómico en Santa Cruz. Es el primero en el país, pero la corriente autonómica no parará allí; luego seguirán otros referendos en Tarija, Beni y Pando. Todos ellos tendrían un denominador común: oponerse al centralismo del gobierno del presidente Morales.

Ahora bien, la Constitución aprobada en Oruro tiene presente a las autonomías, pero en distinta forma. Aquí se habla de autonomías indígenas, provinciales y departamentales. En otras palabras, la departamental quedaría disminuida frente a las otras dos, y de este modo el Gobierno central tendría más control ya que fomentaría la oposición de las provincias y de los territorios indígenas a la gobernación departamental.

Pero la diferencia mayor entre las autonomías de los cuatro departamentos arriba señalados y la de la citada Constitución es su concepción económica. Las primeras propugnan el sistema liberal en la propiedad de la tierra; esto significa que se garantizará el derecho de propiedad pero, a la vez, la obligación de pagar impuestos por la tierra ocupada o trabajada. Mientras que en la Constitución del MAS se desea consagrar el derecho absoluto de los indígenas a la tierra y, por ende, a que nunca paguen impuestos por ella.

Cabe señalar que la costumbre de no pagar impuestos por la propiedad de la tierra proviene de la Reforma Agraria. Y desde esa época, el campesino boliviano se acostumbró a considerar a su tierra como algo absolutamente suyo, donde ni las autoridades gubernamentales, departamentales o provinciales tuviesen tuición en ella. A esto hay que agregar la lamentable disposición de esa época de prohibir al campesino enajenar la tierra, lo que provocó a la larga la creación de minifundios completamente improductivos.

Al hábito de no pagar impuestos se han agregado ahora las cooperativas mineras. De este modo, agrupaciones que reciben cientos de millones de dólares al año por la venta de su producción, como los cocaleros y los cooperativistas mineros, no aportan nada o casi nada al Estado. Pero lo triste es que tampoco mejora la calidad de vida de su gente. Sus familiares siguen viviendo miserablemente, al margen de la protección que brinda la legislación laboral y la seguridad social. Y con el régimen autonómico concebido por el proyecto de Constitución, esta aberrante situación se consagrará para siempre. Si a esto se suma que tampoco pagarán impuestos los colonizadores, más de la mitad de los habitantes del país vivirá a costa de la gente de las ciudades que siempre estará sujeta al sistema tributario.

Por el contrario, el proyecto autonómico de Santa Cruz y de los otros tres departamentos se basa en la obligación de tributar de todos sus habitantes, sin distinción. Al extremo de que ya se está planificando un impuesto departamental a la tierra, como existía antes de la mencionada reforma agraria.

En consecuencia, frente a las autonomías se tiene una concepción diametralmente opuesta entre dichos departamentos y el gobierno del MAS, lo que impedirá un futuro entendimiento. Los primeros tienen como fin el incentivo al desarrollo del agro y la universalidad de la tributación, mientras que al segundo sólo le interesa el aspecto político y social, es decir, consagrar el insólito hecho de que una mayoría de la población, quizás el 60%, sea gente privilegiada, sin el deber de tributar. En otras palabras, Santa Cruz y los otros tres departamentos están preocupados en el desarrollo acelerado de sus regiones, en tanto que el gobierno de Morales lo está en reforzar y extender el poder de los indígenas, cocaleros, colonizadores y cooperativistas mineros, aunque ello signifique la paralización de gran parte de la economía nacional.

*Ramiro Prudencio L.
es diplomático e historiador.