Guerra anunciada
Verónica Ormachea Gutiérrez

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Si hay enfrentamientos en Santa Cruz durante el referéndum para los estatutos autonómicos —que es lo más probable—, será principalmente responsabilidad del gobierno de Evo Morales. La consulta se ha convertido en la ´historia de una guerra anunciada´. Evo fue el primero en anunciar que mandaría grupos de choque a Santa Cruz para frenar la votación. Cocaleros, movimientos sociales, indígenas, universitarios y colonizadores afines al MAS, han dicho que se movilizarán a ese departamento y Evo debe impedirlo, ya que 32 personas han muerto en su gobierno ´democrático´.

Los cruceños ganaron con el voto la autonomía y realizarán el referéndum para los estatutos el 4 de mayo, lo que el Gobierno considera ilegal. Los acusa de separatistas. Este es el desafío político más serio que enfrenta Evo.

Esto fue, en esencia, porque el MAS aprobó, entre gallos y media noche y sin los 2/3 de los votos, una nueva Constitución ilegítima que no incluye al régimen autonómico. Fue el primero en violar la ley. Por esto las autoridades cruceñas recurrieron al principio de la democracia representativa, que es la voluntad de la soberanía popular, y convocaron a la consulta. Además, Evo inviabilizó a la Corte Nacional Electoral y dejó sin autoridades al Tribunal Constitucional.

El Gobierno se ha encargado de provocar y torpedear a los cruceños. Ha destinado los recursos del IDH de Santa Cruz para el Bono Dignidad; les ha prohibido exportar aceite; congeló los fondos de la Prefectura; rompió el diálogo; y atacó a la Iglesia Católica arguyendo que se sintió engañado y traicionado. Encima buscó apoyo de su ´padrino´ Chávez, así como de Cuba y Nicaragua, y permitió que se pronuncien a favor del Gobierno, algo vergonzoso e inadmisible. Un principio en las relaciones internacionales es la no interferencia en asuntos internos de otro país. Todo esto ha obligado a los cruceños a llevar adelante su referéndum —algo irreversible— donde, según las encuestas, el 80% votará por su aprobación. Será un hecho histórico sin precedentes.

La actitud del Gobierno ha unido a los cruceños y aumentado su interés, así como de los otros departamentos, en las autonomías. El prefecto Costas ya habla de fundar una segunda república.

Los estatutos, en principio, promueven que las decisiones políticas, económicas y sociales sean tomadas a nivel departamental, municipal y provincial, poniendo a un lado el centralismo del Gobierno. También se refiere a la captación de mayores ingresos cuya distribución será más controlada. Una visión política moderna de descentralización.

Por primera vez, los aymaras tienen el poder y no quieren dejar de controlarlo. Si los departamentos quieren la autonomía, el Gobierno debe dársela. Evo sigue actuando como un líder sindical y está perdiendo una oportunidad histórica de ser un presidente demócrata promotor del consenso y el diálogo. Debe dar paso a esta transición histórica que es la voluntad popular, en vez de provocar enfrentamientos.

*Verónica Ormachea G.
es periodista y escritora.