Linchamiento de alcaldes
Omar Rocha

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El asesinato del periodista de la radio municipal en Pucarani, el secuestro de concejales en Inquisivi, los destrozos en el domicilio de la Presidenta del Concejo de Coripata, el incendio de casas de propiedad de los ediles en Llallagua y la violenta agresión a los concejales de Uncía, son una muestra de muchos hechos similares que vienen aconteciendo en los municipios, coincidentemente todos con el propósito de forzar la renuncia de alcaldes y concejales a sus cargos e imponer nuevas autoridades.

No son ni pueden ser entendidas como situaciones aisladas y menos merecer el silencio de autoridades, medios de comunicación, instituciones del asociativismo municipal y de defensa de derechos humanos.

En todos los casos, el pretexto es el mismo: el objetivo de defenestrar a la autoridad legal. Y la forma, similar: un grupo de pobladores se reúne en un autodenominado cabildo, fustigan, vociferan, aducen que sus actos no son transparentes y, en nombre del ´pueblo´, toman la decisión de desconocerlos o los obligan a renunciar. Todo precedido de votos resolutivos en los que expresan sus supuestas decisiones.

En caso de negarse a dejar sus cargos, los persiguen hasta dar con ellos, atacan sus viviendas, los secuestran, golpean e imponen sus objetivos generándoles temor con la amenaza de aplicar la famosa justicia comunitaria. Se ha llegado, incluso, a agredir a jueces y fiscales para que no se pronuncien vía amparos constitucionales.

En los municipios siempre hubo conflictos por el poder e incluso los más dramáticos, como Ayo Ayo, Cotoca o Moxos, fueron sancionados y los responsables encarcelados o procesados penalmente, mereciendo el repudio de la población boliviana. Sin embargo, en estos últimos, la radicalidad es tal que parece haber una impunidad garantizada y, por ello, no existe temor a la sanción jurídica y social.

No es la intención explorar causas políticas, partidarias o de otra naturaleza, simplemente alertar que esta epidemia de ataques a la democracia municipal debe ser advertida por el Gobierno nacional, el Poder Judicial, el Parlamento y la sociedad en general, con el propósito de evitar más víctimas.

Esas instancias deben intervenir investigando y sancionando a los responsables de estos hechos, sean del partido o agrupación política que sean. Pero, además, deben implementar medidas orientadas a lograr respeto a la democracia municipal, no reconociendo la autoridad de estos agresores y menos premiando su intolerancia.

Cuando están en riesgo vidas humanas como de autoridades municipales, lo aconsejable es actuar para preservarlas y no buscar justificaciones en procedimientos o burocracias institucionales. Hay tiempo para procesar los pretextos, pero los mecanismos legales son abundantes. No imponer medidas desde el Estado con el fin de parar estos hechos es una omisión que puede lindar con la co-responsabilidad y la permisión.

*Omar Rocha
es abogado y militante del municipalismo.