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El ex vocal de la Corte Nacional Electoral y constituyente Jorge Lazarte (UN) y la socióloga María Teresa Zegada coincidieron en identificar —por separado— a la violencia como uno de los factores determinantes para que mucha gente se abstenga de emitir su voto. Agregaron que el desprestigio del Gobierno respecto a la ilegalidad de la consulta autonómica también jugó su rol para evitar la asistencia de las personas a sufragar su voto.

La Ley del Referéndum, en su artículo ocho, referido a los resultados, establece: “La Resolución del referéndum será adoptada por la mayoría simple de votos válidos de la respectiva circunscripción y tendrá validez si participa al menos el cincuenta por ciento (50%) del electorado”.

En cifras absolutas, según el conteo rápido de Ipsos Apoyo, el total de inscritos en el padrón electoral del departamento de Santa Cruz fue de 933.952 personas, de las cuales emitieron su voto 569.324 (61%) y se abstuvieron de emitir su voto 364.628 (39%) potenciales electores. De los votos emitidos, 548.994 (96,4%) fueron válidos; 6.832 (1,2) blancos; y 13.498 (2,4) nulos.

En la etapa previa a la consulta, tanto el Gobierno como los sectores sociales afines a este partido político hicieron campaña por la abstención para este proceso electoral. Uno de esos sectores fue el de los colonizadores, cuyo secretario ejecutivo nacional, Fidel Surco, anunció, el último sábado en La Paz, la creación de “cuarteles de resistencia” en las poblaciones de Yapacaní, Cuatro Cañadas y San Julián. Fue precisamente en esos pueblos, además de San Pedro, en los que no se realizó la consulta, debido a los enfrentamientos registrados.

Incluso la Corte Nacional Electoral (CNE) difundió un comunicado en el que señalaba que los electores que no participen de este referéndum no serán sancionados. La Superintendencia de Bancos también emitió una instrucción en la que prohibía a las entidades financieras exigir el certificado de sufragio a los usuarios para cualquier transacción.

Por el contrario, la campaña de las autoridades y cívicos cruceños estuvo dirigida a convocar a que la gente emita su voto por el Sí a la autonomía departamental. Incluso, la Corte Departamental Electoral de Santa Cruz insistió en que el voto era obligatorio y señaló que sancionaría a quienes no vayan a votar.

Las estadísticas oficiales de los últimas tres elecciones generales, difundidas por la CNE, señalan que el departamento de Santa Cruz está entre las regiones con mayor índice de abstencionismo con 24,69% en 1997; 29,2% el 2002; y 18,50% el 2005.

Pero la campaña de los sectores sociales fue más allá, según la notaria electoral de San Julián, Martha Cardozo. Ella denunció que los colonizadores la amedrentaron, incluso amenazándole de muerte, por llevar adelante el referéndum autonómico.

En la jornada de ayer, la consulta se suspendió en San Julián que tiene 12.574 inscritos en el padrón electoral (según datos de la CNE), Cuatro Cañadas con 3.754 electores, Yapacaní con 38.856 potenciales votantes y San Pedro con 1.145 habilitados. La suma de quienes no pudieron votar en los cuatro pueblos citados llega a 29.591 personas, lo que representa el 3,16 por ciento del padrón electoral del departamento de Santa Cruz, que es de 935.959 personas.

Según el informe de Ipsos y Apoyo, la población en la que hubo mayor abstención es Montero (ver cuadro de arriba), con 63,2 por ciento. Allí más de la mitad de los electores no fueron a votar, pues en esa localidad se registraron enfrentamientos entre masistas y autonomistas.

A Montero le sigue Camiri, donde el abstencionismo llegó a 42,6 por ciento, seguido de Santa Cruz de la Sierra con 34,5 por ciento y la localidad fronteriza de Puerto Suárez con el 31 por ciento de ausentismo.

El ausentismo no es reciente

El nivel de abstencionismo en el departamento de Santa Cruz, según los datos estadísticos de la Corte Nacional Electoral, ha sido siempre uno de los más altos registrados en el país.

Por ejemplo, en el referéndum del 2004, referido al gas, el ausentismo en Santa Cruz llegó al 46,59 por ciento. En esa consulta el porcentaje más elevado lo tuvo Beni, con 51,11 por ciento y el más bajo lo registró Oruro, con 32,51 por ciento.

En el referéndum por autonomías departamentales del 2006, el departamento de Santa Cruz tuvo un abstencionismo de 17,48 por ciento, siendo que Potosí obtuvo en esa consulta el nivel más alto de ausentismo, con 19,82 por ciento. El más bajo en esa oportunidad lo registró Oruro, con 13,12 por ciento.

En la comparación de las dos cifras de ausentismo en territorio cruceño, se verifica un descenso significativo de 46,59 a 17,48 por ciento, vale decir se redujo en un 29,11 por ciento. Una fuente de la Corte Nacional Electoral hizo notar que esta caída, que siguió el mismo comportamiento de las otras regiones, se debe a que para la segunda consulta hubo una depuración del padrón electoral, en el que automáticamente dejaron de estar habilitados los muertos y los emigrantes.

Pero ahora, con el 39 por ciento de ausentismo en la consulta de ayer, se subió 21,52 por ciento.

ANÁLISIS

JORGE LAZARTE,
ex vocal CNE y constituyente.

La violencia tiene efectos disuasivos

Se dijo hace varios días que el verdadero problema en Santa Cruz iba a ser el porcentaje de participación, porque quedaba por descontado que el Sí iba a ganar y lo que debiera saber era si el Sí iba a ganar con una participación baja o alta.

Lo que ha hecho ahora el Gobierno es deslegitimar todo el proceso (referéndum), una vez que ya no sabía cómo impedirlo para que la gente ya no vaya a votar, inclusive hizo que las Fuerzas Armadas se pronunciaran en la víspera y a eso se ha agregado sin lugar a duda los hechos de violencia que siempre disuaden a mucha gente a no ir, por el riesgo que se puede correr.

Han habido factores orientados a disuadir la participación de la población, factores anteriores al día de hoy. El problema ahora es ver cuál iba a ser la incidencia de esos factores existentes en el porcentaje de participación.

Ahora si es el 39 por ciento, o menos o no, eso no puedo decir nada porque no sé cómo ha salido ese 39 por ciento. Pero que habían factores que podían actuar en contra de la participación, eso se vio muy claro en las últimas dos semanas, particularmente en los últimos dos días.

Los hechos de violencia siempre tienen efectos disuasivos, no sólo con respecto a la población que es directamente afectada, sino también sobre otros sectores donde podía temerse que ocurra lo mismo, entonces es muy conocido en la historia electoral de cada uno de los países, inclusive en el nuestro, se ejercitaba violencia en el pasado para impedir que la gente vaya a votar. No creo que lo que haya ocurrido ahora haya sido puro azar”.

“Lo que ha hecho el Gobierno es deslegitimar el proceso”