Autogolpe legislativo
Carlos Alarcón*

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La cereza de la torta, el presidente de la Cámara de Senadores solicitando apoyo internacional para consumar con la votación del 4 de mayo en el departamento de Santa Cruz, un autogolpe a la institucionalidad del Congreso Nacional. La Asamblea Legislativa Departamental usurpa atribuciones y competencias del actual Parlamento. Todas las competencias exclusivas y compartidas que establece el Estatuto Autonómico en la Constitución vigente le corresponden al Congreso.

En este camino de locura del oficialismo y de la oposición se opta por la legitimidad dejando de lado la constitucionalidad y la legalidad; es decir, el Estado de Derecho. Con la legitimidad sin legalidad, por más carnaval y parafernalia que se realice para tapar este hecho —incluidos seudo constitucionalistas de por medio—, se retorna al estado de naturaleza, escenario de caos y anarquía en el cual se enfrentan legitimidades contrapuestas. Consigue la victoria el grupo que a través del fraude o la violencia llega a imponer sus razones a los sectores rivales, hasta que aparece uno más fuerte que con los mismos medios vence y desplaza al anterior.

En el devenir de este lamentable panorama, la institucionalidad democrática queda destrozada, comenzando por su pilar fundamental: la Constitución Política del Estado vigente. La legalidad y legitimidad son como el cuerpo y el alma de una persona. Una no puede existir sin la otra. Ambas son necesarias e imprescindibles para el buen orden social. En esta competencia por el vicio y no por la virtud, la carrera consiste en quién comete la mayor y más grave ilegalidad como respuesta a la anterior ilegalidad del adversario.

La Asamblea Constituyente no llevó a cabo un auténtico debate constituyente, para la unidad e integración de los bolivianos, y consumó en este proceso distintas violaciones a la Ley de Convocatoria y a su Reglamento Interno. Como respuesta, la oposición en el Congreso Nacional y la dirigencia cívica y prefectural de Santa Cruz pretenden poner en vigencia un Estatuto Autonómico que conlleva la más burda y grosera violación a la Constitución vigente, con el agravante de que estas autoridades encuentran su esencia y razón de ser en la norma suprema vulnerada a la que juraron obedecer y respetar. En este círculo vicioso de ilegalidad, ¿cuál será la respuesta del Gobierno?

La verdad nos hace libres, decía Cristo. Me hubiera gustado que el Cardenal no se limite a depositar su voto el 4 de mayo sino que, con la misma fuerza con la cual la Iglesia Católica cuestionó con justas razones el Proyecto de nueva Constitución, denuncie la ruptura del orden constitucional vigente que conlleva el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, independientemente de la crítica a muchos de sus contenidos que ni siquiera se adaptan a un modelo federal de Estado. Con mayor razón si la Iglesia Católica se encuentra en el rol de facilitador: neutralidad y ecuanimidad.

Encauzar la legitimidad en la legalidad es la única opción para Bolivia.

*Carlos Alarcón
es abogado constitucionalista.