La urgencia del Tribunal Constitucional
José Luis Orihuela Aquin*

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Cuando el Gobierno inició el 2007 un proceso de prevaricato en Diputados a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC), y tiempo después dichas autoridades renunciaron a sus cargos dejando a esa institución sin quórum, lo hizo consciente de que así se deshacía del único freno que tenía para imponer decisiones vía decreto supremo que ignoren la supremacía de la Constitución.

Hoy más que nunca se requiere del Tribunal para evitar que normas subordinadas vulneren la Carta Magna. El proyecto de Constitución, los Estatutos Autonómicos, la convocatoria a los referéndum y los decretos de nacionalización deben ser conocidos y resueltos por esa instancia; pero vemos que ministros y viceministros del Ejecutivo se dan el lujo de acomodar la ley a sus criterios políticos, cuando solamente los magistrados pueden establecer si se vulneró o no la Constitución.

En el caso del referéndum, los tribunos tienen la responsabilidad de resolver conflictos de competencia como el surgido entre la Corte Nacional Electoral y la Corte Departamental de Santa Cruz.

El TC es un freno al ejercicio político y evita que se genere un clima de inseguridad jurídica, que se ahuyente la inversión extranjera y que se lleve al Estado a enfrentar posibles juicios internacionales.

Una manipulación política del MAS en el Parlamento llevó a fojas cero la elección de magistrados del Tribunal, maniobra que busca incluir en las listas a candidatos que habían sido inhabilitados.

El Gobierno no debe olvidar que además de los recursos de inconstitucionalidad que afectan la aprobación de leyes, decretos o resoluciones que sean contrarios a la Constitución, esa institución tiene la función de proteger y velar los derechos y garantías fundamentales de todos los ciudadanos: a nivel nacional, suman más de 1.600 causas pendientes de gente que se encuentra detenida indebidamente.

Queda claro que es urgente que la mayoría oficialista en el Parlamento priorice la elección y nombramiento de estas autoridades.

*José Luis Orihuela A.
es abogado.