Pasado el referéndum sobre el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, el Gobierno y el MAS señalaron que se deben encaminar procesos legales en contra de las autoridades departamentales que alentaron la realización de este proceso, al que insistieron en calificar de inconstitucional.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, se pronunció a favor de iniciar demandas legales en contra de “las autoridades que han hecho un uso ilegal de su mandato”.
“Toda ilegalidad tiene que se sancionada”, dijo y añadió que el referéndum del Estatuto Autonómico de Santa Cruz es ilegal y, por tanto, sujeto a sanciones.
El prefecto cruceño, Rubén Costas, convocó a la consulta y la Corte Departamental decidió organizar el proceso a pesar de que la máxima instancia electoral le quitó competencias amparada en una ley que establece que sólo el Congreso tiene la facultad de llamar a consultas regionales.
El senador y jefe de bancada del MAS, Félix Rojas, anunció que en los próximos días se presentará una demanda por los delitos de fraude, falsedad intelectual y material en contra del prefecto Costas, los vocales electorales y cívicos cruceños.
“No pueden escapar a la ley”, sentenció el legislador y planteó que el Ministerio Público inicie acciones de oficio.
Mientras, el senador de Podemos Tito Hoz de Vila afirmó que en Santa Cruz “se vivió una revolución de las urnas” y ”cuando se da una revolución no ve si está burlando o no las normas”.
Antes, el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García anunciaron juicios.