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La decisión del Ministerio Público fue asumida luego de que, en los últimos seis meses, se acentuaron los ataques contra los reporteros de todo el país y después de que al menos ocho comunicadores fueron víctimas de violencia el domingo 4 de mayo, tanto en La Paz y El Alto como en Santa Cruz.

“Todos los hechos de connotación penal deben ser investigados de oficio. Sobre el caso de los periodistas, mi autoridad evacuó un instructivo de carácter general a los señores fiscales para que, de oficio, deban proceder con la investigación”, expresó Uribe.

Consultado sobre cuántos y qué casos está investigando el Ministerio Público, Uribe señaló que no tenía ese detalle. Sin embargo, anunció que, de ser necesario, solicitará un informe detallado de todos los casos de agresiones contra periodistas.

Entre el sábado 3 y el lunes 5 de mayo, nueve periodistas fueron agredidos por gente de movimientos sociales afines al MAS. Pese a reiterados pedidos de garantías, los ataques continuaron ayer, cuando partidarios del oficialismo agredieron a una decena de reporteros en Santa Cruz.

Según reportó la red ATB, el hecho se produjo durante la sesión judicial en la que el juez José Fernández determinó la detención preventiva de Amadeo Amorín y Ximena Dalia Mamani, por presunto allanamiento y robo. Ambos fueron detenidos el domingo cuando transportaban ánforas y papeletas electorales.

Cuando ellos y otros cuatro acusados salieron del juzgado, partidarios del MAS que se apostaron en el lugar volcaron su ira hacia los reporteros presentes.

Con golpes e insultos, la turba agredió a los comunicadores. Un reportero recibió un golpe de palo en la cabeza, mientras que a otros los patearon en el suelo.

El martes, la organización Reporteros sin Fronteras solicitó al vocero del Palacio, Iván Canelas, convocar a una cumbre política para buscar garantías al trabajo de la prensa en Bolivia.