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El motivo por el que se envían contratos sin aprobación a protocolización es porque existe una “incompatibilidad” de la normativa nacional con la municipal, explicó Estívariz.

Agregó que la norma nacional, por el Decreto Supremo 29190, en el artículo 54, establece que 10 días después de firmado un contrato, debe ser protocolizado. “El Concejo tiene que aprobar en 10 días el contrato, según la ley de municipalidades. Pero, la ley nacional dice que, también en 10 días se debe iniciar el proceso de protocolización, hay una inconsistencia ahí”.

Estívariz dijo que para compatibilizar estas normas el Ejecutivo inicia el trámite de protocolización y, mientras dura ese proceso, que demanda entre cuatro y cinco meses, “el Concejo Municipal procede a la aprobación respectiva del contrato”.

A la fecha, el contrato firmado entre el Ejecutivo edil y el consorcio Asociación Accidental Progreso, encargado de la construcción de los Puentes Trillizos, aún no fue aprobado por el Concejo, pero ya fue enviado ante la Notaría de Gobierno para la correspondiente protocolización.

Según el diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales (Manuel Ossorio), protocolización es incorporar “un documento, público o privado, a un libro de registro notarial”.

La secretaria del Concejo, Gabriela Niño de Guzmán, explicó que la función del ente Legislativo es verificar “que el Alcalde u otra autoridad de la firma responsable del contrato siguió los pasos dentro de la ley, que nos permita decir sí, este contrato se efectuó en función a lo que establece la ley”. Agregó que el Ejecutivo edil está en la obligación de remitir al Concejo todos los contratos de obras relevantes, como los puentes Trillizos.

Para el concejal Hernán Paredes, el 80% de los contratos enviados por parte del Ejecutivo al Concejo Municipal llega después del plazo que contempla una ordenanza interna del órgano deliberante que fija un tiempo máximo de 30 días. “Si no se tiene el contrato es imposible iniciar un proceso de fiscalización porque hay desconocimiento”.

Estívariz señaló que “creo que un concejal no necesita un contrato para hacer la fiscalización de una obra, eso es una excusa”, en referencia al comentario de Paredes de que el contrato de la construcción de la prolongación Zavaleta-Castrillo nunca llegó al Concejo. El funcionario edil dijo que la obra era de emergencia.

Esa vía fue inaugurada en agosto del 2007, pero en época de lluvias se agrietó el asfalto y la comuna tuvo que reconstruirla por un deslizamiento.

Tanto el vicepresidente del Concejo, Pablo Ramos, como Paredes coincidieron en que existen casos en los que hubo contratos que llegaron al Concejo luego de que se ejecutaron las obras. Esa acción dificultaría la fiscalización, señalaron por separado.

El presidente del Concejo, Luis Revilla, también dijo que la fiscalización de las obras se dificulta porque la Ley de Municipalidades no señala los plazos de entrega de los contratos.

El Concejo Municipal paceño está compuesto por 11 concejales: siete pertenecen al Movimiento Sin Miedo (MSM) que es el partido del alcalde Juan del Granado, tres son del Movimiento al Socialismo (MAS) y uno es de Unidad Nacional (UN).