De las ilegalidades
Luis Eduardo Siles*

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La monotemática respuesta del oficialismo al referéndum cruceño gira alrededor de su eventual ilegalidad. Esta afirmación sería discutible si quienes la realizan majaderamente tuvieran por lo menos un décimo de la autoridad moral necesaria. Tanto el Presidente, que preside agrupaciones de personas que destinan su producción en un 95 por ciento al narcotráfico, como el Vicepresidente, encarcelado en el pasado por actos de terrorismo y actor principal de los grotescos atropellos al Parlamento, a la Constituyente, al sistema judicial y a las libertades, se encuentran en una posición ridícula a la hora de denunciar sobre prevaricación.

Quienes ayer asaltaban remesas y hoy distribuyen plata foránea a discreción, sólo logran autocaricaturizarse al señalar con el dedo.

Fueron cabalmente los gobernantes de hoy, en su rol de supuestos revolucionarios, quienes institucionalizaron este peculiar sistema de gobierno, a medio camino entre la oclocracia y el chavismo, mediante el cual la legalidad o falta de ella se define en función de quién es el infractor.

La ´forma multitud´, la teorización de la turba como forma de estado, y del linchamiento como método de coerción, monstruosa criatura del señor García Linera, es la que ha desatado una situación de anomia jurídica de la que Bolivia tardará décadas en recuperarse.

El proceso de violación a la Constitución y las leyes empezó en Bolivia a mediados del año 2000, alcanzó su paroxismo en los tristes hechos de octubre del 2003 y fue una constante presente en los principales hitos de todos los gobiernos de Bolivia, sin excepción, desde esas fechas. El derrocamiento de Sánchez de Lozada fue obviamente un acto ilegal, como la inclusión de la Asamblea Constituyente y el referéndum en la Constitución; ilegalidades completas e integrales aprobadas bajo la presión de la turba, como la consulta sobre los hidrocarburos que por su ambigüedad más parecía un trabalenguas.

El estrepitoso fracaso de la Constituyente, una tragicomedia que incluyó cuartelazos, muertos, heridos y maniobras de una grosería primitiva, como dar por aprobadas mociones sin los 2/3 requeridos o convocar a reuniones sorpresivamente en otra ciudad a la una de la mañana, entre muchas otras, acabó por sepultar cualquier posibilidad de que impere el respeto no sólo por la ley, sino por el otro. La Asamblea no sólo decretó que era prohibido hablar de algunos temas, sino que se sentó en la decisión de los bolivianos de cinco departamentos que habían expresado su opción por la autonomía.

Con esos antecedentes debe ser analizado el ejercicio electoral de Santa Cruz, que fue escrupulosamente respetuoso de los procedimientos legales dentro de las características del contexto, y que en sí, no constituye sino una consulta legítima, voluntaria y civilizada, ante el abrumador atropello del que han sido objeto la ley y la democracia en Bolivia.

*Luis Eduardo Siles
es politólogo.