La famosa frase: “La política es el arte de lo posible”, en Bolivia debe transformarse en: “La política es el arte de lo impensable”. En menos de una semana el escenario de un incuestionable triunfo político de Santa Cruz y las regiones sobre el Gobierno, parece haberse transformado en un incierto juego de pronóstico reservado en el que el Presidente y el Gobierno han vuelto a recuperar el protagonismo. Si hasta el 8 de mayo daba la sensación de que el partido se jugaba en el estadio Tahuichi con triunfo parcial de Santa Cruz, el 9 parecía que el partido se había suspendido y comenzaba a jugarse en el Hernando Siles. Los locales pasaron en un santiamén a jugar de visitantes.
¿Qué hay detrás de este complejo y peligroso juego? ¿Por qué la oposición parece haberle entregado al Gobierno la iniciativa en un momento en que éste vivía ahogado en la confusión? Quizás la respuesta sea más simple de lo que parece. Veamos el contexto. La apuesta de los referendos autonómicos (cuya ilegalidad está fuera de discusión) no sólo fue muy fuerte, sino que obtuvo un resultado político espectacular por varias razones. La primera, porque ratificó la voluntad autonómica mayoritaria de un departamento y alentó a los otros tres a seguir ese camino. La segunda, porque por primera vez el provincianismo de las elites del departamento más poderoso del país decidieron cambiar de chip y colocarse el chip Nación sustituyendo el chip región. Los dos últimos discursos del prefecto Costas fueron una lección de mesura, serenidad y sobre todo visión de país. La oferta autonómica no se restringía ya a los colores verde y blanco sino por el contrario, se mostraba como un camino nacional que —esta vez— Santa Cruz quiere liderar. Esto confirma que el cambio y la ruta de la historia no necesariamente están siempre del lado de los pobres y los excluidos, puede ser interpretada (y ocurrió muchas veces en el pasado) por grupos de poder que acierten en la lectura de la realidad (incluyendo la cuestionable defensa de sus más directos intereses en medio). Tercero, porque el triunfo cruceño ha roto la idea mayoritaria en occidente de que autonomía es una mala palabra. A partir de ahora, el debate sobre las autonomías se vuelve legítimo en esta región, independientemente de si la idea gana o pierde. La primera respuesta del Presidente ante este hecho fue lamentable, porque si el referéndum es anticonstitucional, era absurdo enredarse en un cuestionamiento de cifras, porcentajes y resultados. Lo lógico era afirmarse en su posición principista (aunque moralmente insostenible dados sus antecedentes) a la vez que reconocer la obvia vocación autonómica cruceña y un genuino llamado al diálogo. No lo hizo.
Pero ocurre que los festejos cruceños y los preparativos benianos, pandinos y tarijeños quedaron congelados al enterarse de que el Senado, en manos de Podemos, aprobó “inopinadamente” el referéndum revocatorio presentado en diciembre por Evo Morales. La razón puede estar vinculada a la evaluación de la próxima movida del rey jaqueado. Frente al ímpetu autonomista, al Gobierno sólo le queda impulsar el referéndum constitucional en los mismos términos irregulares del 4 de mayo, con el agravante de hacerlo en medio de un absoluto descalabro de las cortes electorales, en especial la nacional, que hoy por hoy está en una crisis terminal. En apariencia, la complacencia del Presidente que recoge el guante y dice “Vamos al revocatorio” es un triunfo, porque juega de local y no sólo puede ganar sino que por añadidura puede descabezar más de una prefectura opositora, pero la lectura política debajo del agua indica que el revocatorio en realidad lo que busca congelar es el referéndum constitucional, abriendo posibilidades para dilatar o bloquear su aprobación.
Pero es riesgo extremo contra riesgo extremo, caminando como siempre sobre la cornisa en torno a un hecho extremadamente grave que es la pulverización de las instituciones y el estado de derecho. No es ocioso recordar —a riesgo de una insistencia que parece obsesiva— que también el referéndum revocatorio es inconstitucional y lo es porque la actual Constitución (violada tantas veces que aterra) sólo contempla la interrupción del periodo constitucional del Presidente y el Vicepresidente en caso de impedimento o si el cargo queda vacante (art. 93). Interrumpir el periodo por cualquier otra razón es ilegal.
Para hacer esta peligrosa movida, la oposición ha tenido que aceptar a fardo cerrado un proyecto de ley que es claramente ventajoso para el Gobierno, por la forma inaceptable de voto por la revocatoria en cada caso (algunos prefectos necesitan casi el 70% del voto positivo para permanecer en el cargo, mientras el Presidente requiere mucho menos del 50%) y por la absurda mezcla entre porcentaje de votos y número absoluto de votos requeridos. El porcentaje es incuestionable, pero el número absoluto establecido en la ley no corresponderá nunca al porcentaje, porque el padrón electoral será diferente y la abstención también lo será en comparación a la elección del 2005. Dado que la Constitución hoy es papel mojado, cualquier interpretación, por delirante que parezca, es posible.
Una vez más, si queremos llegar con bien a la fecha del referéndum es indispensable una elección del Tribunal Constitucional, la Corte Nacional Electoral y las nueve cortes departamentales. Sólo árbitros creíbles e imparciales permitirán un mínimo de seriedad en un acto que a pesar de vulnerar una vez más la ley, parece irreversible. Seguir caminando sobre la ilegalidad nos matará en el mediano y en el largo plazo y ciertamente el referéndum no solucionará en absoluto la grave crisis de Estado que el país atraviesa. Pero ojo, la próxima jugada de Morales podría ser convocar simultáneamente al referéndum revocatorio, al dirimitorio y al de aprobación final de la nueva Constitución… El juego de la irresponsabilidad de los poderosos continúa.
*Carlos D. Mesa G. es ex presidente de Bolivia, periodista, historiador y político.
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