Las palabras heterosemánticas
Juan Antonio Morales*

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Palabras heterosemánticas son palabras que siendo iguales quieren decir cosas diferentes según los contextos. Esto pasa con el Art. 56 del proyecto de Constitución Política del MAS (la Copolma, el bonito nombre que le ha dado Francesco Zaratti) referido al derecho de propiedad. Se ha argüido que su Art. 56 (menos su inciso III) no es uno sino una fusión de los artículos 7 inc. i y 22 de la actual Constitución (CPE). Sin duda, las palabras son las mismas y los que lo criticamos estaríamos pecando de ser de mala fe o, peor, de desconocer la actual CPE.

Sin embargo, el Art. 56 (más el 57) de la Copolma va más allá de ser un simple ´cortar y pegar´ de la CPE vigente con el Word. El derecho a la propiedad sufre varias transformaciones. Ya no es más un derecho fundamental de las personas (fundamentalísimo en la terminología de la Copolma) como lo estipula el Art. 7 de la actual CPE y se convierte en derecho económico y social. La Copolma señala que no existe ´ni jerarquía ni superioridad´ de los derechos, pero nos deja la susceptibilidad de que hace más contestable al derecho de propiedad.

En la actual CPE, en principio, la evidencia tiene que ser muy fuerte de que no está cumpliendo una función social para limitar el derecho propietario. El Art. 22 de la CPE le da un contenido operativo al derecho fundamental al admitir expropiaciones sólo cuando las propiedades privadas producen externalidades negativas, como decimos los economistas, o cuando no cumplan una función social calificada conforme a ley. El cambio de matiz de derecho fundamental a derecho económico y social da lugar a pensar que la Copolma no tendrá requerimientos tan fuertes. Además, hay que añadir las estipulaciones de su Art. 313 inciso II, que van más allá de lo que normalmente son funciones específicas de las empresas privadas, y de su Art. 316 inciso 3 que extienden la intromisión del Estado en la economía, desplazando al sector privado. Más aún, los Arts. 20, 45, 359 y 386 excluyen a las empresas privadas de los sectores de servicios básicos de agua y alcantarillado, así como de administración de los servicios de seguridad social, o limitan fuertemente su participación en la explotación de hidrocarburos y maderas. El Art. 309 sobre libertad de empresa no redime estas ambigüedades.

El problema con el Art. 56 de la Copolma y sobre todo los otros de la estructura y organización económica, no es para las personas que poseen más de una casa sino para las grandes empresas (que no son necesariamente latifundios improductivos) y para la apropiación de sus rentabilidades por quienes arriesgan sus capitales. El libro del ex presidente del Banco Federal de Reserva Alan Greenspan nos recuerda la importancia de los derechos de propiedad y la constitución política para el desarrollo económico de los pueblos. Quedaría horrorizado si leyera la Copolma.

Aún con la fuerza que tiene el Art. 7 inciso i, se ha estado procediendo a ´nacionalizaciones´ sin mayores justificaciones. El caso más ilustrativo es el de Entel, que tenía un buen servicio, amplia cobertura, con tarifas razonables y en constante disminución. Los temas tributarios en discusión estaban siguiendo los procedimientos previstos por la ley y el derecho al debido proceso. ¿Por qué se nacionalizó Entel?

*Juan Antonio Morales
es ex presidente del Banco Central de Bolivia.