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Erick Fajardo, vocero del prefecto Manfred Reyes Villa, dijo que, además de seguir acciones para recuperar los recursos que no llegaron a las regiones, también se intentará frenar la vigencia de al menos cinco decretos, entre ellos el de redistribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y la postergación del pago del IDH y las regalías por 90 días, como dispone el Decreto 29528 aprobado el pasado 23 de abril.

Fajardo explicó que el Gobierno central, para recortar los ingresos a las regiones (prefecturas, alcaldías y universidades), está “subdimensionando” (término jurídico) la base de cálculo, haciendo figurar volúmenes y precios más bajos a los reales de los hidrocarburos.

Esto —aseguró— viola una serie de normas superiores como la Ley de Hidrocarburos o el resultado del referéndum del gas. “En promedio, las regiones no han recibido, por no decir que han sido engañadas, en promedio unos $us 200 millones, afectando la liquidez y la inversión pública para el desarrollo departamental”. Añadió que en el caso de prefecturas pequeñas como la de Beni, la situación es mucho más dramática.