MAS y Podemos apuestan al Tribunal para resolver la crisis Oficialistas y opositores coinciden en que la designación de autoridades judiciales y el consecuente fortalecimiento del Poder Judicial serán la clave que permitirá al país desempatar los conflictos provocados por el desbarajuste legal.
EL PLENARIO • Una imagen de la sesión de Congreso que decidió acelerar las designaciones judiciales.
Parlamentarios del oficialismo y la oposición acordaron acelerar la designación de autoridades en el Poder Judicial, con el objetivo de que éste se constituya en el árbitro que dirima sobre el enfrentamiento de normas que se desató en el país por la crisis política, coincidieron ayer miembros de ambos bloques.
El acuerdo para la designación de autoridades judiciales se concretó la noche del miércoles, en una sesión congresal que dio a la Comisión Mixta de Constitución un plazo tope de 15 días para que presente su informe sobre la depuración de candidatos, bajo amenaza de que el proceso continuará sin ese requisito si sus miembros no cumplen el plazo.
“No hemos hablado de reencauzar (la legalidad), pero sin decirlo hay la necesidad”, declaró a La Razón el senador de Podemos Wálter Guiteras, tras explicar que el objetivo de completar las designaciones judiciales es poner en marcha al paralizado Tribunal Constitucional y fortalecer la Fiscalía General de la República con la designación de un titular, en lugar del interino Mario Uribe.
El control constitucional tiene varias causas pendientes, entre ellas un amparo constitucional en contra del referéndum sobre el Estatuto Autonómico cruceño. Según el subjefe de bancada del MAS en Diputados, Jorge Silva, el funcionamiento de esta instancia judicial ayudará a reencauzar la legalidad de las acciones reñidas con la ley.
“Si se declara inconstitucional el referéndum del 4 de mayo, ahí sí tenemos el fundamento legal para procesarlos penalmente a todos aquellos que hayan estado involucrados en temas inconstitucionales”, anticipó.
En el caso del Gobierno, ha desconocido la legalidad de todas las normas que dieron curso a los referendos de aprobación de estatutos autonómicos en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.
Incluso, a través del viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, anunció el inicio de procesos legales contra los responsables de estos procesos, entre ellos los prefectos y vocales de las cortes departamentales electorales.
Según el senador y jefe de bancada del MAS, Félix Rojas, la designación de un nuevo Fiscal General de la República también “contribuirá a resolver los problemas de ilegalidad en cuatro regiones de oposición”.
“Necesariamente tiene que ser el Ministerio Público el que encamine procesos, porque es un delito de orden público”, dijo. En esta misma lógica, el presidente de Diputados, Edmundo Novillo, aseguró que será el Tribunal Constitucional el que “desbarate la Asamblea Legislativa” instalada ayer en Santa Cruz ,en aplicación del Estatuto Autonómico.
Guiteras señaló que reencauzar la legalidad en el país no debe pasar por iniciar procesos legales contra quienes encaminaron los procesos autonómicos, porque tendría como primera consecuencia que, “de facto, empecemos a desobedecer la institucionalidad del país”.
El senador y presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Luis Vásquez, también discrepó con las amenazas oficialistas y dijo que son una “vendetta, ante su incapacidad política para resolver la crisis”.
Aunque reconoció que el funcionamiento del Tribunal Constitucional “puede ayudar al retorno de la legalidad”, explicó que es insuficiente “pues se requiere también de acciones políticas” para resolver una crisis derivada de la CPE del MAS y de los estatutos autonómicos.
En el caso de la oposición política y regional, puso en duda la constitucionalidad del proceso de aprobación del texto constitucional y otras acciones como la sesión congresal alentada por el MAS, en la que se aprobó la Ley de Tierras y la convocatoria al referéndum del latifundio y de la CPE, que al final no prosperó.
También existen observaciones constitucionales a la Ley de Convocatoria a Referéndum Derogatorio de Mandato Popular.
El Congreso debe elegir a nueve tribunos y al Fiscal. Este proceso se arrastra desde el 2007 y motivó que la tribuna Silvia Salame plantee un juicio contra el vicepresidente y presidente del Congreso, Álvaro García, por no acelerar las designaciones.
ACCIONES
Oficialismo • El MAS y el Gobierno anunciaron juicios contra quienes impulsaron los referendos sobre los estatutos autonómicos en 4 regiones.
Oposición • Asegura que no es lo más conveniente iniciar procesos de esta naturaleza, porque provocaría una reacción de desacato a la institucionalidad.