• OLA CRIMINAL • Arriba, el armamento y las huellas de bala que dejan las bandas. Abajo, las víctimas de la violencia en Cobija.

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Más números. Los 30 se cuentan sólo en Cobija, porque del área rural no hay estadísticas. Este año ya cayeron 12 personas baleadas.

Pornografía infantil. El jefe de una de las bandas seducía a menores de edad para luego prostituirlas, filmarlas y vender sus imágenes.

Enemigos internos. El Comandante de la Policía en Pando teme por su familia y cree que existen “soplones” dentro de los uniformados.

Periodistas enviados a Cobija

Salir por las noches a pasear por las calles es una rutina que muchas familias cobijeñas ya no realizan. Y es que desde el 2007 las venas de la capital pandina se han transformado en el campo de batalla de organizaciones criminales de Perú, Brasil y Bolivia que buscan monopolizar el negocio del narcotráfico en la Perla del Acre, y que han impuesto un toque de queda no declarado.

“Cobija se ha convertido en un punto de tránsito de la droga peruana hacia el Brasil. Hay una red de receptores bolivianos que se encarga de pasar la mercadería para la mafia brasileña. En el camino, las propias bandas se realizan volteos —robo de droga—, lo que ha iniciado la ola actual de ajustes de cuentas que incluyen, además, a sicarios peruanos y brasileños”, manifestó el coronel Óscar Nina, actual comandante de la Policía en Pando.

Pando es un departamento amazónico. El 60,4% de sus habitantes está en la ciudad y el 39,6% radica en el campo. La población cruceña (2.626.697) es igual a 34 Pandos (75.335).

Montados sobre motocicletas deportivas y blandiendo armamento de grueso calibre, sicarios bolivianos, peruanos y brasileños asesinaron desde el 2007 —incluso a la luz del día y en lugares públicos— a unas 30 personas. Sólo en los últimos cuatro meses, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) registró 12 muertes en Cobija relacionadas a ajusticiamientos.

La Policía presume que las víctimas fatales formaron parte de las tres bandas criminales más importantes que operan actualmente en la capital pandina, una de ellas liderada por un peruano a quien se conoce como Joel.

La cifra de asesinados podría ser mayor, ya que “desde las comunidades pandinas aledañas a las fronteras con Perú y Brasil se ha reportado la presencia de restos de personas abandonadas en la vera de los caminos y en los ríos, y con más de seis impactos de bala en sus cuerpos. Ésta es una característica principal de los ajusticiamientos entre los criminales”, explicó el capitán Carlos Oporto, director interino de la FELCC de la ciudad de Cobija.

Estos niveles de violencia, nunca antes vistos en Cobija, han sembrado zozobra entre la población. La mayoría de los habitantes de la ciudad, la prensa y las autoridades departamentales prefieren no ahondar sobre el tema de forma oficial. Y cuando lo hacen es entre susurros, esperando que sus voces no sean escuchadas por los denominados “campanas”, soplones de la mafia que son menores de edad.

“Nos han obligado a vivir con miedo permanente, en un toque de queda obligado. La gente ahora teme salir a almorzar a la calle y por las noches preferimos quedarnos en casa por miedo a una bala perdida”, lamenta Federico Aguilar, secretario de Autonomía de la Prefectura pandina.

Los ajusticiamientos selectivos, motivados por la venganza ante el robo de cargamentos de droga, se han producido en locales concurridos del centro de Cobija, hiriendo a personas que no forman parte de sus objetivos.

Una de ellas es la brasileña María Azevedo Figueredo. Esta mesera de 25 años fue herida en el pie el mes de febrero, cuando un sicario atacó con una ametralladora a dos presuntos narcotraficantes que almorzaban en el restaurante Paladar Boliviano. El local se encontraba lleno ese día.

Los orificios de los proyectiles aún se pueden apreciar en mesas, sillas y en el piso del local. A pesar de conocer la identidad del autor del crimen, Agustín Nakashima (actualmente recluido en Cobija), Azevedo no quiso presentar la denuncia oficial ante la FELCC por miedo a represalias. “Para qué ir a la Policía. Me hubiera quemado. Estaría fichada”, asegura la joven brasileña.

Ser fichado por la mafia es una sentencia de muerte. “Los de la banda de los Humérez —de Cobija— mandaron a asesinar a toda una familia peruana por una disputa de faldas”, narró un oficial boliviano que prefirió mantenerse en el anonimato.

“En mis 30 años de servicio nunca había visto algo similar a lo que se vive aquí”, confesó el coronel Nina, quien el jueves pasado comandó a un grupo élite de la Policía para descabezar a la banda más virulenta de Pando, la liderada por el cobijeño Mauro Vásquez Guerra, de 36 años.

Este criminal y seis de sus colaboradores más cercanos se encuentran en la prisión de Cobija a la espera del inicio de su juicio.

La aprehensión de Vásquez destapó la existencia en Cobija de redes de prostitución infantil —se hallaron fotografías en sus computadoras— y ha despertado las sospechas sobre la existencia de “soplones” tanto en el interior de la Fiscalía como en los mandos inferiores de la Policía en Pando, según aseguraron por separado Nina y Oporto.

Con la detención de Vásquez, la Policía espera que la ola de asesinatos disminuya en Cobija.