La mesa del diálogo
José Luis Bedregal*

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La falta absoluta de confianza entre oficialismo y oposición, la paridad de fuerzas y un anticipado escenario preelectoral por la ley de convocatoria a un referéndum revocatorio costoso e innecesario, configuran el contexto en el que se intenta llevar adelante el nuevo proceso de diálogo. Éste pretende encontrar soluciones a la incompatibilidad de las visiones de país, expresadas en los proyectos de constitución y de estatutos autonómicos, viciados ambos de procedimientos ilegales que deben ser rectificados.

Nuevamente se comete el error de llegar a la mesa de negociación sin el mínimo trabajo de generación de consensos, lo que muestra la falta de voluntad de avanzar en la solución de la crisis a la espera del debilitamiento del contrario y de resolver en condiciones ventajosas esta lucha por el poder político.

Es imperioso que gobernantes y opositores afronten con mayor responsabilidad este nuevo intento, trabajando de una vez por todas en la compatibilización del proyecto de constitución y de los estatutos, y dejen aquellos puntos divergentes a la consideración dirimitoria del pueblo.

La regla de oro debería ser el sometimiento estricto y absoluto de cada paso que se vaya a dar al ordenamiento legal-constitucional, para lo cual, y para resolver temas de interpretación, se hace imprescindible restablecer el Tribunal Constitucional. Sólo así será posible llevar adelante un proceso de negociación que permita avanzar en los temas de tierra, inclusión, distribución del IDH, autonomías, etc.

Obviamente este trabajo previo no puede ser emprendido por el Presidente y por los prefectos; es una tarea ardua que debe ser llevada por los mejores técnicos avalados políticamente por estas instancias y que cuenten con las habilidades necesarias para afrontar este tipo de procesos de negociación, para ir resolviendo los temas que hacen al conflicto.

De esta forma será viable el gran objetivo de construir un Proyecto de País, con el que se comprometa la gran mayoría de los bolivianos en el afán de tener una sociedad con más desarrollo económico y social. Es hora de superar la agenda política y priorizar la económica y social.

Este período de altos ingresos por efecto de los elevados precios de las materias primas no puede ser desperdiciado, pues su duración no será ilimitada ni mucho menos. Se debe poner en marcha un plan de inversiones que viabilice la erradicación de situaciones de extrema pobreza y genere condiciones adecuadas para el trabajo y el desarrollo de la pequeña y gran industria.

Debemos restablecer las condiciones de seguridad jurídica como parte del gran acuerdo; para ello los dirigentes políticos, incluidos los “cívicos”, están llamados a discutir estos temas que hacen al futuro de la nación y que no pueden seguir por más tiempo postergados en desmedro de los verdaderos intereses de los bolivianos.

*José Luis Bedregal V.
es especialista en Gestión Pública.